La situación procesal de investigada de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no presupone acusación penal alguna ni, mucho menos, debería dar lugar a una condena previa mediática, como hemos visto tantas en los últimos años. A Begoña Gómez no sólo le asiste el derecho constitucional a la presunción de inocencia, sino que la figura del «investigado», la antigua «imputado», tiene como fin principal garantizar sus derechos como justiciable ante un procedimiento judicial.
Ahora bien, que la mujer del presidente de un gobierno democrático esté siendo objeto de una investigación, preliminar, si se quiere, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tiene, desde cualquier punto de vista, una trascendencia política innegable que debe ser expuesta ante la opinión pública con absoluta transparencia, si no en sede parlamentaria, al menos desde los propios servicios de información de la Presidencia del Gobierno. Pero lo que ha sucedido en España con este caso, que roza el esperpento, ha sido todo lo contrario.
Lejos de reconocer los hechos, y tras conocer por la vía judicial correspondiente que su esposa estaba siendo investigada, es decir, que tendría que buscar representación legal y contar con un procurador, el presidente del Gobierno decidió ocultar los hechos y en una huida hacia adelante forzó un amago de crisis institucional, en la que llegó a implicar al propio Jefe del Estado, tratando de transformar lo que, hasta entonces, era un problema evidente de ética y estética en un ataque espurio contra su figura, ejecutado a través de su familia, por fuerzas antidemocráticas de obscuras obediencias y malas intenciones. Y no solo. Convocó a los suyos, en el gobierno y en el partido, a una «performance» de apoyo inquebrantable de un populismo tan pedestre que acabó siendo retratado en la Prensa internacional y no bien, precisamente.
Ahora, tras el levantamiento del secreto del sumario por parte del juez instructor, precedido de una filtración interesada e impropia de parte de la investigación, cabe preguntarse si el vodevil de los días de reflexión de Pedro Sánchez hubiera tenido el mismo efecto entre la militancia socialista y el gobierno de haberse conocido públicamente la situación judicial de Begoña Gómez. Como, también, cabe preguntarse por el papel que juega la Fiscalía en este asunto, opuesta por principio a cualquier actuación del juez instructor, algo bastante insólito.
No queremos ni podemos adelantar juicio alguno sobre la naturaleza de las relaciones y contactos profesionales de Begoña Gómez, pero sí debemos señalar que la actitud oscurantista del presidente del Gobierno, que se negó a confirmar por dos veces en sede parlamentaria la imputación de su esposa, hace flaco favor a la investigada y es una burla al deber de transparencia y buen gobierno de cualquier demócrata.
