Los fiscales del Tribunal Supremo encargados de la causa del “procés” han trasladado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la amnistía no puede aplicarse a los delitos de malversación por los que fueron condenados los líderes del proceso soberanista, y que se imputa además a los procesados rebeldes, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, en la reunión que han mantenido con el fiscal general para armonizar la actuación de la Fiscalía en todos los órganos jurisdiccionales una vez entre en vigor la Ley de Amnistía, los fiscales del alto tribunal han dejado claro además a García Ortiz que “las medidas cautelares y las órdenes de detención” vigentes, entre ellas la que afecta a Puigdemont si pone un pie en España, “no pueden ser alzadas”.
Esas mismas fuentes señalan que los fiscales del “procés” -Javier Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno- no ven reparo alguno a que la Ley de Amnistía se aplique a los delitos desobediencia (que el juez Pablo Llarena imputa a los procesados tras la derogación del delito de sedición, una de las cesiones del Gobierno a las exigencias del independentismo) y de desórdenes públicos.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguran sin embargo que en la reunión “simplemente se han abordado los caminos procesales para la aplicación de la ley en todas las causas a las que afecta”.
García Ortiz se reunirá mañana con los fiscales de Cataluña con el objetivo de aunar criterios del Ministerio Público en la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada hoy en el Congreso, ante su inminente entrada en vigor.
