La multa de 150 millones de euros que el Ministerio de Consumo ha impuesto a cuatro aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea) por el cobro indebido de servicios considerados complementarios es un parteaguas en la batalla entre asociaciones de consumidores y las aerolíneas que viene de muy atrás y se mantiene en múltiples frentes. La impotencia y la confusión frente a las normas de cada compañía aérea son motivo de especial frustración para el usuario. No solo es la mayor sanción impuesta por las autoridades de Consumo, sino que recoge el malestar que sienten muchos usuarios cuando viajan en avión e intentan defender sus derechos.
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