El Tribunal Constitucional ha avalado este martes el uso de policías infiltrados, bajo tutela de la Fiscalía, para investigar las actuaciones de organizaciones criminales, siempre que su labor no suponga la vulneración de derechos fundamentales; en ese caso —por ejemplo, si el infiltrado realiza alguna intervención de teléfonos o comunicaciones— deberá contar con control judicial. El caso que ha dado lugar a la sentencia del tribunal de garantías es el de una persona que fue condenada a ocho años de prisión por tráfico de drogas. Aquella sentencia fue dictada por la Audiencia de Madrid y ratificada por el Tribunal Superior autonómico y luego por el Supremo. La defensa recurrió en amparo ante el Constitucional al estimar que la actuación policial, con el uso de tres agentes infiltrados, se había producido sin que se diera cuenta al juez de instrucción, y que ello había representado una vulneración de derechos fundamentales.
