“El carril de avenida de Portugal se va a quitar […] para que la calle vuelva a tener la lógica de circulación”. En julio de 2023, la teniente de alcalde de Logroño (PP), Celia Sanz, ofrecía así un ejemplo de las actuaciones de varios consistorios de derechas, que se estrenaron ese año eliminando carriles bici y bus para dar más espacio al coche. Un mes después, la infraestructura —puesta en marcha solo medio año antes— fue destruida. Ahora, el Ministerio de Transportes ha enviado una resolución al Ayuntamiento de Logroño —al que ha tenido acceso EL PAÍS— para rechazar estos cambios y advertirle de que si no construye los carriles previstos tendrá que retornar la subvención europea de 6,5 millones recibida de forma previa para actuaciones a favor de la movilidad sostenible. El departamento de Óscar Puente está investigando otras 14 urbes por estas causas. “Los ayuntamientos incumplidores tendrán que devolver el dinero y además pueden enfrentarse a una sanción de hasta tres veces la cuantía de la subvención”, explica a EL PAÍS el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia.
