El pasado 24 de abril, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid comunicó a Begoña Gómez que había incoado diligencias previas para investigarla por corrupción y tráfico de influencias. Ese mismo día por la tarde, Sánchez publicó su primera epístola a los españoles en la que amagaba con dimitir. No ha sido casualidad, pues, que después de que este 4 de junio ese mismo juzgado citara a declarar a Begoña Gómez como imputada, el presidente del Gobierno haya publicado una segunda epístola a los españoles. Y una de las partes más inquietantes de esta carta aparece en su segundo párrafo: «Esta decisión [la citación de Begoña Gómez como imputada] se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones». Bien, tratemos de extraer nuestras propias conclusiones, tal como nos insta a hacer Sánchez. ¿Qué significa eso de que los tribunales habían seguido hasta la fecha una «regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles» de perjudicar a un partido político las semanas previas a unas elecciones? ¿Nos está diciendo Sánchez que hasta el momento los tribunales españoles han estado prevaricando no dictando, en tiempo y forma, las resoluciones que estaban obligados a dictar? ¿Que los tribunales acompasaban los plazos procesales a la conveniencia de los partidos políticos o, al menos, de algunos partidos políticos? Si ello fuera así, estaríamos ante un escándalo institucional de primer nivel: el sometimiento del Tercer Poder del Estado a los cálculos electorales de los partidos políticos. Por supuesto, cabe la posibilidad de que esto sólo sea un nuevo invento de Sánchez para victimizarse y rentabilizar ante su grey este escándalo: pero resulta especialmente revelador y preocupante que el presidente del Gobierno aspire a que los tribunales le dispensen un trato privilegiado como el que describe en el párrafo anterior. Es decir, aun cuando fuera falso que los tribunales españoles hayan estado prevaricando durante años para ajustarse a los intereses de PSOE o de PP, el actual líder del PSOE sí está proclamando públicamente que aspira a que las instituciones españolas funcionen así: a saber, controlar e instrumentalizar el poder judicial en su provecho.
