Lo que está ocurriendo en España recuerda el intento de Franklin D. Roosevelt de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema en 1937, aunque hay una gran diferencia entre personajes y políticas, así como contextos históricos. Con el conocido como el «Court-packing plan» Roosevelt buscaba influir en el poder judicial para facilitar la implementación de sus agendas políticas; propuso un aumento del número de jueces para obtener decisiones favorables a sus políticas del New Deal. Durante los primeros años de su presidencia, varias de las leyes más importantes del New Deal fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. En respuesta a esta oposición, Roosevelt ideó el «Judiciary Reorganization Bill of 1937», plan que hubiera permitido al presidente nombrar un nuevo juez por cada miembro de la Corte Suprema mayor de 70 años que no se retirara, hasta un máximo de seis nuevos jueces; la intención era crear una mayoría favorable a sus políticas dentro de la Corte; aunque el plan fue presentado como una forma de aliviar la carga de trabajo de los jueces mayores, en definitiva, su verdadero propósito era cambiar la composición ideológica de la Corte para que fuera más receptiva a las políticas del New Deal. Esta iniciativa suscitó una gran resistencia y controversia, hasta el punto de que se desistió de la misma. La sociedad norteamericana percibió el plan de Roosevelt como un intento de socavar la independencia judicial y fue rechazado por muchos, incluyendo miembros de su propio partido. Conviene recordar que al contrario de lo que acontece en España, Roosevelt era un ganador de elecciones, y a pesar de su arrollador éxito político no se atrevió a tocar la Corte Suprema, y eso que su propuesta se daba en un sistema donde la Constitución de EE. UU. no especifica el número exacto de jueces de la Corte Suprema, lo que le permitía proponer un cambio en ese número; además sus políticas se demostraron muy acertadas, Roosevelt estaba lidiando con la Gran Depresión y buscaba implementar reformas radicales para revitalizar la economía. En España lo que se está propiciando con ciertas decisiones políticas es una gran crisis institucional cuestionando instituciones democráticas y quebrantando la debida contención en el ejercicio del poder político, máxime cuando se gobierna desde una inferioridad parlamentaria conformando una mayoría con aquellos cuyo reconocido fin es acabar con la Constitución de 1978. Aunque existen paralelismos en términos de objetivos las diferencias contextuales y estratégicas marcan una clara distinción entre los intentos de Roosevelt y lo que se propone desde el Gobierno de España con relación al poder judicial. En España, el sistema judicial y la composición de sus órganos están claramente definidos, lo que limita el alcance de las reformas directas que se pueden proponer desde el Gobierno, existiendo reglas legales y constitucionales. Rebelarse contra el poder judicial es un acto que, aunque estuviera motivado por la búsqueda de justicia, que no es el caso, tiene profundas implicaciones para la estabilidad y la salud democrática de una nación. La independencia judicial debe ser preservada para garantizar un sistema de controles y balances que proteja los derechos de todos los ciudadanos. Cualquier intento de influir o modificar la composición y el funcionamiento del poder judicial debe ser abordado con cautela y en el marco del respeto a los principios democráticos y constitucionales y sobre todo con un amplio consenso entre los partidos políticos que creen en la Constitución. La Constitución no solo se debe cumplir, cuando se ejerce el poder político se debe defender, y en los últimos tiempos hemos asistido a graves desistimientos en este sentido. Como decía Hamilton, «La independencia judicial es esencial para la preservación de la libertad».
