En un sorprendente revés, tres semanas antes de su entrada en vigor, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha pisado a fondo el freno de la denominada “tarificación de la congestión” del tráfico, un plan para imponer peajes de acceso a la zona central de Manhattan. Hochul no sólo ha clavado el pedal, también ha pospuesto indefinidamente la idea, que perseguía dos objetivos: el recaudatorio, unos mil millones de dólares al año que servirían para financiar la mejora de las infraestructuras de transporte, y el ambiental, para frenar el uso del automóvil privado en una ciudad, de las pocas de EE UU, en la que es más o menos fácil moverse en transporte público.
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