Los fiscales indomables

Los fiscales indomables

Quienes tengan la edad suficiente, quizá recuerden la fama que adquirieron en los años 90 los conocidos como «fiscales indomables». Se trataba de un cuarteto formado por Eduardo Fungairiño, Ignacio Gordillo, Dolores Márquez de Prado y Pedro Rubira. Aquellos indomables las tuvieron tiesas con su fiscal jefe en la Audiencia Nacional, con el fiscal general del tardofelipismo, Carlos Granados, y con Cándido Conde Pumpido, fiscal general elegido por Zapatero y hoy redivivo como presidente del Tribunal Constitucional por decisión de Pedro Sánchez. Tampoco los indomables se llevaron bien con su jefatura en tiempos de Aznar, porque la «indomabilidad» suele ser multidireccional.

Se desconoce si este recordatorio histórico satisfará a los fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron su labor de defensa de la democracia y del Estado de Derecho en el juicio a los líderes del proceso independentista. Pero, sin necesidad de comparar su labor con la de otros, estos días esos cuatro fiscales manifiestan una notable capacidad de resistencia. Solo por eso, Moncloa debería mostrar simpatía por su causa, dada la alta consideración que el presidente del Gobierno tiene por el arte de resistir, del que presume.

Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno no ceden a las presiones del fiscal general. El criterio que defiende Álvaro García Ortiz, consistente en que cualquier delito cometido por un independentista catalán debe ser amnistiado, es perfectamente defendible porque ese es el espíritu de la ley perpetrada por Sánchez y sus socios y redactada por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Pero nadie puede despreciar, como únicamente derivado de un supuesto antisanchismo, el razonamiento jurídico en el que se fundamenta la negativa de los nuevos indomables para negarse a amnistiar el delito de malversación.

Para mañana está convocada una reunión de la Junta de Fiscales de Sala, el cónclave de cardenales de la fiscalía. El criterio que resulte mayoritario no será vinculante, porque el fiscal general tiene la potestad de imponerse, dado el carácter jerárquico de la institución. Pero no hay pelea sin heridas, y se puede ganar una guerra en el campo de batalla y perderla ante los libros de historia.

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