«Si sale, nos va a hacer un daño público, porque seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas, que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida», afirmó la madre del niño almeriense Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, en uno de los últimos episodios para evitar «el espectáculo del morbo y la violencia» sobre la trágica pérdida.
La productora que tenía prevista la grabación de una docuserie con el testimonio de la asesina, Ana Julia Quezada, ya le habría comunicado por escrito el cese de esa producción, como confirmó la propia Ramírez a través de la red social X: «Nuestra familia lo agradece enormemente», valoró, incidiendo en si «existe alguna otra productora o plataforma que haya firmado o tenga intención de firmar» un contrato para un proyecto audiovisual. En ese sentido, va a solicitar que se deduzca testimonio contra la presa y su abogado defensor, el letrado Esteban Hernández Thiel, para evitar que un preso condenado por delitos violentos de especial gravedad «no pueda jamás realizar ni un documental, ni una serie televisiva, ni un libro», y que se controlen las comunicaciones de estos «si resultan dañinas para las víctimas».
Un informe remitido desde la prisión de Brieva a la Audiencia provincial de Almería el pasado 13 de mayo, puso en alerta a Ramírez de una propuesta televisiva de la que la propia interna, condenada a prisión permanente revisable, esperaba «recibir unos ingresos» que dedicaría «al pago de la responsabilidad civil derivada del delito», que asciende a medio millón de euros, así como «al mantenimiento económico de su propia familia». Aspectos que la propia madre del «pescaito» manifestó en posteriores ruedas de prensa, movilizaciones e, incluso, compareciendo en el Senado; para frenar un documental o serie «recreando todos los aspectos vinculados al asesinato de mi hijo» y donde la presa expresaría su «necesidad de explicarse» y de contar «la realidad de los hechos acontecidos» desde su versión.
El mismo escrito remitido desde la dirección de la prisión daba cuenta del nombre de la plataforma audiovisual y de los periodistas que se iban a encargar de realizarlo, si bien matizaba que desde la prisión no se tenía «capacidad ni posibilidad» de contrastar los datos expuestos en el informe «más allá de la solicitud realizada por Ana Julia Quezada para que se autorice la comunicación con los periodistas citados». Ha sido la movilización social y también argumentos esgrimidos por Patricia Ramírez acerca de «irregularidades» que se estarían dando dentro de la penitenciaria, como el acceso a dispositivos móviles de la condenada o «la intención espuria de la misma de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso», los que han frenado ese primer trabajo audiovisual.
De esta forma, Patricia Ramírez explicó que, «gracias a la mediación de la Guardia Civil» que le propuso a la productora que la llamaran, habló con la productora y su dueña le «manifestó la voluntad de parar esta producción».
De hecho, la madre de Gabriel la invitó a que se lo mandara por escrito y ella se «olvidaba de tres años de miedo» y retiraría las acciones legales contra la empresa.
Confirmado este extremo y pese a que Patricia Ramírez expresó ante el Senado que «me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido y empiezo a construir sin piedras en el camino se lo agradezco soberanamente»; continúan activas sus peticiones.
Y es que, en su comparecencia, la madre del niño Gabriel pidió un pacto de Estado para evitar nuevas situaciones para familias como ella, ya que es «un asunto de especial trascendencia», porque «puede afectar a cualquiera» y «no tiene nada que ver» con la política o lo que «cada partido represente».
La madre de Gabriel Cruz quiere que se «desarrollen aún más las leyes» para apoyar a las víctimas, porque «son derechos humanos» y «hay que aprender a consumir sucesos» de forma responsable. «El consumo de la violencia no puede ser una violencia», lamentó, para solicitar «una verdadera implementación» del Estatuto de la víctima y su modificación para casos similares. Una batalla para el «amparo, con justicia gratuita» y para que “los fiscales, ya que son pocos casos, actúen de oficio y con diligencia, disminuyéndose esa revictimización y esa victimización secundaria».
