El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva años ignorando la petición de Andalucía de equipararse a las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia y Comunidad Autónoma de Canarias que reciben una financiación especial de apoyo al sostenimiento del transporte público colectivo. En concreto, el departamento que preside el ministro Óscar Puente transfiere fondos para el sostenimiento financiero de los sistemas de transporte terrestre regular de viajeros en los ámbitos de actuación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità), de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de València), así como de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas ayudas se justifican «debido a su importancia como servicio público esencial para los ciudadanos» y al no existir «otras entidades que presten tal servicio de transporte público regular, no se considera viable llevar a cabo el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva» y se acude «al procedimiento de concesión de forma directa», es decir, por decisión de carácter político. Tan es así que Valencia fue la última en recibir este apoyo del Gobierno: lo hizo en 2018 tras años de reclamación por parte del expresidente Ximo Puig y que se formalizó cuando Compromís formaba parte de los partidos que apoyaban al Gobierno de Pedro Sánchez.
Andalucía ha solicitado un trato igualitario en este ámbito desde hace años. En la anterior legislatura ya lo hizo la entonces consejera Marifrán Carazo, que hablaba de «desigualdad histórica»; y ahora ha tomado el relevo la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha remitido una carta al ministro Óscar Puente solicitándole que acabe con esta situación.
En la misiva, a que ha tenido acceso La Razón, la consejera recuerda que «inicialmente este tipo de financiación se daba en Madrid y Barcelona, si bien desde 2004 se incorporó Canarias, y en 2018 Valencia». «El objeto de estas aportaciones –prosigue– es más amplio que el del Fondo 5000, ya que alcanza a todo el servicio metropolitano, es decir a todo el sistema de transporte público tanto urbano como interurbano de dicho ámbito (incluyendo autobús y ferroviario-metro)».
Díaz razona su solicitud y expone que «En Andalucía entendemos que se dan los presupuestos necesarios para poder optar a este tipo de financiación, dado que contamos en cada una de las nueve áreas metropolitanas de un Consorcio de Transporte Metropolitano que configuran la actual Red de Consorcios de Transporte de Andalucía, y disponemos de un sistema de gestión con integración tarifaria multimodal, que permite con un único título, acceder a los diferentes modos de transporte (autobús urbano, interurbano, metro, cercanías, e incluso marítimo)».
Por ese motivo, y simplemente «aplicando el mismo criterio proporcional que en los otros territorios citados, donde la aportación de la Administración General del Estado se sitúa en torno a 19,5 € por habitante, y teniendo en cuanta que la cobertura de población de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía alcanza los 5,65 millones de habitantes, resultaría una aportación del Estado de mas de 110 millones de euros, muy por encima de lo que hoy en día se otorga a ciudades andaluzas a través del Fondo 5000 –otro plan del Ministerio– y limitado solo al transporte urbano».
La consejera lamenta en su carta «que este agravio a Andalucía no puede mantenerse» y lo vincula, además, con el déficit de financiación que sufre la comunidad y que asciende a 1.522 millones de euros al año. Díaz solicita a Puente en la carta, fechada este 4 de diciembre, que considere «esta demanda, que es justa para los andaluces y proporcionada con el resto de España».
Este mismo año, y al estar los presupuestos generales del Estado prorrogados, el Ministerio de Puente aprobó el Real Decreto 1120/2024, de 5 de noviembre para proceder a los pagos de esta subvención –que es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad–. En concreto, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid recibió 126,8 millones de euros; la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, 149,3 millones de euros; Valencia, 40 millones; y la Comunidad Autónoma de Canarias, 47,5 millones. Andalucía tendrá que seguir esperando.
