Por si alguien todavía dudaba de la afirmación de que lo hecho por Sánchez no ha sido acabar con el Procés sino todo lo contrario, –resucitarlo–, basta comprobar la actualidad informativa en Cataluña con Puigdemont acaparando los focos. Tras siete años huido de la justicia, el expresidente de la Generalitat ha hecho valer sus siete escaños en el Congreso para convertir al gobierno sanchista en un auténtico rehén político en sus manos. Con el prófugo en Waterloo junto a sus incondicionales Puig y Comín, y con los dirigentes que no huyeron respondiendo ante la justicia por sus actos, siendo juzgados y condenados por el Tribunal Supremo, el separatismo catalán se había adentrado en una virtual desaparición de la atención informativa. Habría podido proceder en aquellas circunstancias, considerar un eventual indulto –e incluso una amnistía– a éstos, como una «operación de Estado» para pasar página de ese lamentable capítulo de nuestra reciente Historia, acompañado por supuesto del correspondiente compromiso de no reincidir en una actuación semejante a la que condujo a su frustrado golpe de Estado de octubre de 2017. El tratamiento debido para materializar una operación de esas características, habría exigido un auténtico pacto entre el gobierno y la oposición, lo que hubiera incluido el compromiso de no utilizar ese acuerdo como una compraventa de favores políticos para investir como presidente a un candidato de cualquiera de ambos. Nada de eso hizo Sánchez tras acceder a La Moncloa con 84 diputados (¡!) en 2018 apoyado precisamente en ellos, y en donde se mantiene gracias a haberlos indultado después de las elecciones de 2019 al necesitar de sus votos. A continuación, al ser derrotado en las elecciones del pasado 23J, les amnistió al precisar también del voto de los diputados de Junts y así hasta ahora en que necesitando de los votos de ERC para investir a su candidato en el Parlament les concede un Concierto económico y fiscal. Nadie duda que ese Concierto será profundamente «progresista» siendo sanchista, pero no parece que la exigencia de esa financiación singular sea para reforzar precisamente la solidaridad interterritorial. Los barones socialistas que han alzado la voz ante ese acuerdo, deberán pasar por una vez de las palabras a los hechos, para ser creíbles en su denuncia de esta última –de momento– concesión al secesionismo para comprar esos votos, una vez más en favor de su partido, y pagados por todos los españoles. Ya no hay líneas rojas ni límites para el PSOE, convertido en una plataforma política electoral al servicio del sanchismo. Sin duda, el Concierto económico catalán también será muy «progresista».
