Cataluña solo ha aprobado los prespuestos cuatro veces en la última década

Cataluña solo ha aprobado los prespuestos cuatro veces en la última década

El Govern confirmó el pasado martes que da por hecha la prórroga presupuestaria ante la negativa de sus socios, ERC y comunes, de negociar las cuentas y, en consecuencia, aprobarlas en este 2025. Ante esta tesitura, Salvador Illa tendrá que gobernar con las cuentas de 2023, todavía prorrogadas, ya que en 2024 tampoco se lograron aprobar unos nuevos.

Con esta prórroga, aún no aprobada, se puede decir que lo de aplazar los presupuestos se está convirtiendo en mecanismo frecuente en la política catalana. Al menos, desde el año 2013. Antes de ese año, se habían aprobado todos los que se habían presentado al Parlament, bajo los gobiernos de Jordi Pujol (CiU), Pasqual Maragall (PSC) y José Montilla (PSC). Esos gobiernos tenían mayorías absolutas en la cámara catalana. O bien gobernaban en solitario, como CiU, o en coalición, como el tripartito, o con apoyos suficientes.

Sin embargo, desde la llegada de Artur Mas en 2013 (presidente que rompió la dinámica), el Parlament ha sufrido una excesiva fragmentación de grupos divididos en ejes ideológicos (izquierda-derecha) o nacionales (independentista-constitucionalista). Desde entonces, la Generalitat únicamente ha contado con cuatro presupuestos: los de 2017, 2020, 2022 y 2023.

Artur Mas estuvo en el Palau de 2010 a 2015, pero hubo un año, 2013, que no consiguió los suficientes apoyos ni siquiera para presentarlos al Parlament. A pesar de ello, en los cuatro años restantes sí que logró aprobar las cuentas. Sin embargo, desde la llegada de su sucesor, Carles Puigdemont, principal protagonista del procés, las prórrogas han sido la norma.

Fue, de hecho, el primer presidente cuyos presupuestos fueron tumbados por el Parlament, pues en el caso de Mas, ni siquiera se presentaron a la cámara. En este caso, la CUP votó junto con los grupos de la oposición contra las cuentas de la coalición de gobierno Junts pel Si, integrada por el actual Junts per Catalunya, antigua Convergència, y por Esquerra Republicana. Un año después, la extrema izquierda catalana sí que votó a favor de las cuentas de Puigdemont, pues incluían partidas para la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

Tras tal referéndum, el Estado aplicó el artículo 155 de la Constitución, por el cual intervino la autonomía de Cataluña. La región no tendría nuevo ejecutivo hasta 2018, con la investidura de Quim Torra. El nuevo presidente prorrogó los presupuestos de 2017, y para el año 2019 tampoco logró apoyos, así que, gobernando junto con ERC, el Govern no los presentó al Parlament. No sería hasta 2020 cuando la cámara catalana aprobaría las únicas cuentas de la era Torra, después de no contar con unas desde 2017.

Pocos meses después, el presidente del Govern fue inhabilitado y los presupuestos de 2020 se prorrogaron para 2021. Pere Aragonès, de ERC, fue investido un tiempo después y lograría aprobar las cuentas con el apoyo de Junts en 2022. El líder de ERC consiguió reunir los suficientes apoyos para aprobar los de 2023, un año después, pero no con Junts, sino con PSC y comunes. En 2024 los comunes esta vez los tumbarían por el tema del Hard Rock, tema que está influyendo también en la actual legislatura, lo que llevó a las elecciones anticipadas que ganó Salvador Illa el pasado mayo y de donde lo invistieron presidente.

De momento, con los de 2023

Hasta la fecha, la Generalitat de Cataluña cuenta con los presupuestos de 2023, los aprobados por Aragonès. El pasado diciembre, el Govern anunció que prorrogaría las cuentas al no lograr los suficientes apoyos, y estas últimas semanas, han admitido que tendrán que conformarse con gobernar a golpe de decretos y de suplementos de créditos, pues ERC anunció que no va a negociar nada en este 2025.

El tema que está sobre la mesa de los republicanos es, básicamente, la financiación singular de Cataluña y el traspaso de Rodalies. En cuanto al acuerdo económico, el Govern suscribe las peticiones de los independentistas, aunque no depende únicamente de la Generalitat, sino que el acuerdo tiene que salir de unas reuniones bilaterales entre la Generalitat y el Estado que tendrán lugar en febrero. En cuanto a los comunes, ya han insistido mucho en que condicionan su apoyo a la aprobación

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