El acuerdo firmado por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y el empresario Daniel Esteve, dueño de la firma dedicada a los desalojos extrajudiciales Desokupa, para adiestrar en técnicas de defensa personal a miles de agentes ha provocado una ola de críticas desde los ámbitos sindical y político, pero también el anuncio por parte del Ministerio del Interior de una investigación interna. La polémica ha sacado a la luz la posible existencia de una laguna legal en la formación externa que reciben los policías, ya que mientras el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha insistido en los últimos días en que no avala ningún curso que se imparta fuera del ministerio, estos sí puntúan para ascensos y destinos en los concursos de méritos, según se recoge en una orden interna de hace 30 años. La participación en los mismos como instructores de agentes en activo también plantea dudas.
