La batalla por reivindicar una mejora en la financiación autonómica de Andalucía no es nueva. Lo que ha cambiado es la postura de algunos de los que intervienen en la misma. En 2018, con un Gobierno socialista presidido por Susana Díaz en Andalucía -y con María Jesús Montero como consejera de Hacienda–, el Ejecutivo autonómico no dudó en implicar en esa lucha a sindicatos, patronal, asociaciones y partidos políticos contra el Gobierno de España, presidio entonces por Mariano Rajoy. Un ejemplo de ello es que encargó al Consejo Económico y Social un informe sobre la reforma del modelo de financiación autonómica de régimen general desde la perspectiva de Andalucía. Lo hizo según establece el artículo 4.2 de la Ley del Consejo Económico y Social de Andalucía y a petición de «la Presidencia de la Junta de Andalucía» tal y como se señala en la memoria de actividades de dicha institución del año 2018. En el mismo se aclara que el encargo formaba parte de «la invitación que se hizo a toda la sociedad andaluza, a los partidos políticos, a los agentes económicos y sociales y a las organizaciones y entidades que articulan intereses sectoriales en la Comunidad, a participar en la construcción de la posición de Andalucía» en este debate.
El estudio se elaboró antes incluso que el dictamen del Parlamento de Andalucía y en el mismo, que fue aprobado por unanimidad, se señala que «desde el Consejo Económico y Social de Andalucía hemos reiterado la necesidad de acometer, por urgente e inaplazable, la revisión del sistema de financiación autonómica, porque tempranamente advertimos la infrafinanciación de nuestra comunidad autónoma, y denunciamos los efectos negativos para Andalucía del sistema y de los mecanismos y criterios de aplicación del mismo».
Abundaba entonces el CES en que «la detección de tal insuficiencia procede de una reflexión serena y compartida por todos los miembros del CES, tras el análisis de los datos contenidos en nuestro Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía, en el que en los últimos años hemos introducido un capítulo específico dedicado a la financiación de la comunidad autónoma, conscientes de la incidencia del sistema sobre los servicios públicos prestados por la Administración autonómica andaluza, analizando la posición relativa de Andalucía respecto al resto de comunidades autónomas, de donde se deduce inequívocamente la injustificable infrafinanciación de nuestra comunidad».
El Consejo Económico y Social estaba presidido por el que fuera diputado socialista en el Parlamento andaluz Ángel Javier Gallego Morales. Conforme a la ley que lo regula, en el Consejo están representados las organizaciones sindicales y empresariales, así como representantes de los consumidores y usuarios, economía social, Corporaciones Locales, Universidad y expertos en las materias de competencia de dicho organismo, es decir, una representación de la sociedad civil.
Desde finales de 2022, el CES está presidido por el ex vicepresidente de la Junta Juan Marín. El actual Gobierno de Juanma Moreno persigue también una respuesta de la sociedad civil ante la situación de infrafinanciación que persiste pese a que el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, lo niegue ahora. Esta situación podría agravarse una vez que entre en vigor el cupo catalán.
Claves
El CES consideraba que «la financiación autonómica debe ser tratada como una cuestión de interés general para Andalucía».
El informe apostaba por «un pacto de lealtad institucional reforzado, que debería incorporarse en la próxima reforma constitucional cuando ésta se produzca».
También insistía en que «el modelo debe garantizar la igualdad de la ciudadanía con independencia de su residencia».
El CES advertía que «la ordinalidad –criterio que recoge el «cupo catalán»–no es un principio constitucional, ni está justificada técnicamente». El PSOE andaluz apoya ahora este medida.
