El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado a su cuerpo de letrados un informe para aclarar si puede retomar los procesos para realizar nombramientos en la cúpula judicial que estaban en curso cuando la reforma legal de 2021 arrebató al CGPJ esta facultad o si, por el contrario, debe partir de cero, según informa EP.
En marzo de 2021 cuando las Cortes Generales aprobaron la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prohíbe a un CGPJ caducado hacer nombramientos discrecionales, lo que impidió que el Consejo de entonces -que en ese momento llevaba ya más de dos años en funciones- pudiera cubrir las vacantes surgidas en la cúpula judicial.
Para algunas plazas ya se había hecho la convocatoria oficial, poniendo en marcha el proceso de nombramiento. En algunos casos, no solo había listas de candidatos cerradas, sino que incluso se había comenzado con las entrevistas a los aspirantes.
Ahora, el nuevo Consejo que se constituyó el pasado julio, tras el acuerdo entre PSOE y PP para renovarlo más de cinco años después, quiere despejar las dudas legales acerca de los procesos iniciados pero no concluidos.
Las fuentes consultadas por la agencia explican que hay dos posibles vías. Por un lado, entender que una vez disuelto el anterior Consejo decaen todos los asuntos pendientes. Y, por otro, intentar salvar todo aquello que no esté viciado de nulidad.
Algunas voces creen que, incluso en el supuesto de que fuera posible reactivar los procesos de nombramientos en el punto donde quedaron congelados, habría que repetir algunas fases, como las entrevistas personales, para garantizar la inmediación exigida.
Sea cual sea la vía elegida, lo cierto es que el CGPJ tiene por delante una ingente tarea en materia de nombramientos. Actualmente, hay 102 pendientes en la cúpula judicial que se reparten con 40 en los tribunales superiores de justicia (TSJ), 31 en las audiencias provinciales, 29 en el Tribunal Supremo (TS) y dos en la Audiencia Nacional (AN).
La situación más delicada se vive en el Supremo. En 2021, el Alto Tribunal alertó de que la crisis de vacantes podría llevarle a dictar 1.000 sentencias menos en el próximo año. En 2023, ya hablaba de más de 2.000.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo es de las más perjudicadas. En estos momentos, trabaja con dos tercios de los magistrados que legalmente le corresponden y su presidente, Pablo Lucas, lo es en funciones.
Las citadas fuentes aclaran que, por ahora, no se ha fijado un orden de prioridad en los nombramientos pendientes.
Sin embargo, algunas fuentes apuntan que lo “lógico” sería cubrir primero las vacantes de magistrados, para poder desatascar las salas, y pasar después a los presidentes.
En este sentido, recuerdan que mientras la falta de magistrados lastra el trabajo de la sala, el hecho de que un presidente lo sea con carácter interno no genera trastorno alguno.
La Comisión de Calificación será la encargada de dirigir el proceso de nombramientos discrecionales. Pactada esta misma semana, estará presidida por el vocal de sensibilidad conservadora José Antonio Montero, al que acompañarán en esta tarea la también vocal conservadora Esther Rojo y los vocales de corte progresista Ricardo Bodas, Ángel Arozamena e Inés Herreros.
