La legislación urbanística ordinaria no está pensada para dar respuesta a una catástrofe como la dana. La reconstrucción de infraestructuras y de viviendas es imprescindible en todos aquellos municipios que han quedado devastados por la riada y debe hacerse con celeridad. Para lograr este objetivo, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, explicó ayer en Les Corts que la Generalitat estudia desarrollar una legislación urbanística extraordinaria y urgente.
De entrada, avanzó que tanto las instalaciones como los equipamientos provisionales que haya que edificar en los municipios deafectados podrán iniciarse con una «declaración responsable». Además, se está considerando la regulación de la figura del Plan Urbanístico Especial de Reconstrucción, tramitado por la Generalitat, para crear y ordenar suelos para construcción de vivienda protegida o para la reubicación de polígonos industriales o terciarios. «Son medidas extraordinarias en materia de urbanismo para un momento en el que hace falta agilidad», dijo en declaraciones recogidas por EFE.
Martínez Mus compareció ayer en Les Corts para dar cuentas de las actuaciones que se están desarrollando en su departamento. También lo hizo el conseller de Educación, José Antonio Rovira.
La riada afectó a 48.751 alumnos de 115 centros educativos de la provincia de Valencia. A día de hoy, y tras reubicar al alumnado de una escuela infantil de Alfafar, el 95 por ciento ha vuelto a clase. El resto, podrá incorporarse el próximo lunes.
La Conselleria programó en diferentes fases la vuelta. El 11 de noviembre se incorporaron los alumnos de Educación Especial, a los que se les dio prioridad, después siguió Infantil y Primaria, y finalmente Bachillerato- con preferencia a los de 2º-, ESO y Formación Profesional.
En estos momentos solo falta que el alumnado de tres institutos (de Albal, Benetússer y Alfafar) retomen las clases con normalidad. De manera provisional, los alumnos de segundo de Bachillerato de Alfafar empezaron ayer sus clases en instalaciones municipales, a la espera de que el lunes se pueda abrir su centro. Además, aseguró que el próximo curso escolar 2025-2026 no se suprimirá «ni una sola unidad escolar» sostenida con fondos públicos.
Rovira afirmó que los daños materiales suman mil millones de euros, pues se han visto afectados colegios enteros, equipamiento, transporte escolar, servicio de comedor, fondos bibliotecarios, instalaciones eléctricas o servicios de limpieza extraordinaria. En universidades y estudios superiores rondan los ocho millones.
Dar la cara
Rovira protagonizó un enfrentamiento con el socialista José Luis Lorenz, quien acusó a tanto al conseller como al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de «no gestionar, no trabajar y de esconden en sus despachos», por lo que reclamó la dimisión de ambos.
El conseller le respondió que Mazón «al menos no sale corriendo como Pedro Sánchez» de Paiporta «y desde entonces está escondido». Aseguró que el 30 de octubre se contactó con los equipos directivos para hacer un balance de desperfectos y necesidades y se comenzaron a visitar todos los centros, «señorías, se ha ido a trabajar y mucho, no a hacerse fotos».
Apuntó además, que la única ministra relacionada con sus competencias que no le ha llamado ha sido la de Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.
En Compromís, el diputado Gerard Fullana, denunció que el alumnado ha vuelto a clase gracias al esfuerzo del profesorado, aunque lo han hecho en situación «muy precaria».
Rovira admitió el gran esfuerzo de la mayoría de los docentes, que se pusieron a limpiar incluso antes de que llegasen las brigadas, pero también señaló a otros que no permitieron que Tragsa accediese a limpiar su centro durante un fin de semana, «seguramente porque era de Compromís».
Sobre la responsabilidad de la Conselleria de Educación de haber suspendido las clases, insistió en que son los ayuntamientos los que deben decretar el cierre de los centros educativos, «ni tenemos meteorólogos ni podemos tomar esa medida».
