Un día antes de perder su casa, Marina López no imaginaba lo que se le venía encima. Descansaba en su cama, totalmente ajena al lío judicial que ha amenazado con dejarla en la calle durante los últimos meses. Su piso en Lavapiés no lucía en absoluto como una vivienda a punto del desahucio: no había cajas en ninguna parte, no había enseres embolsados y el sinfín de cuadros que adornaban la vivienda permanecían colgados en las paredes. Sus allegados habían decidido mantenerla al margen del desolojo para no agravar las complicaciones de salud que padece a causa de una bronquitis crónica por la que estado hospitalizada dos veces este año. “Ahora dizque me quieren sacar de aquí”, decía este martes por la tarde a EL PAÍS, como si el tercer intento de desahucio programado para las 9.30 de este miércoles, fuera aún una posibilidad remota. A la mañana siguiente, López salió del bloque amarrada a una silla que empujaba una trabajadora del Samur social, después de resistirse con todas sus fuerzas a dejar la casa que habitó por casi cuatro décadas. La inmobiliaria GUIGA SL, propietaria de todo el bloque, optó por resolver en los tribunales el impago de la inquilina, que acumulaba una deuda cercana a los 12.000 euros tras cerca de dos años sin abonar el alquiler. La mujer argumenta que solo tiene una pensión no contributiva de 517 euros, insuficiente para pagar los 650 euros de mensualidad.
