En junio de 1999, Repsol lograba el control del 98% de la petrolera argentina YPF tras una inversión de más de 15.000 millones de dólares y ponía fin al principal proceso de privatización llevado a cabo por el Gobierno liberal del presidente argentino Carlos Menem. Un cuarto de siglo después, y con el regreso del ideario neoliberal al mando del Ejecutivo de la tercera economía latinoamericana, los fantasmas de esta petrolera amenazan con transformarse en un frente de tormenta para la administración de Javier Milei. En septiembre del año pasado, una sentencia de un tribunal estadounidense obligó a Argentina a pagarle al despacho de abogados inglés Burford Capital unos 16.100 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera en 2012, algo que los recién llegados a la Casa Rosada han intentado apelar sin éxito.
