El fiscal mantiene su petición de hasta 7 años de cárcel para la excúpula de UGT Andalucía

El fiscal mantiene su petición de hasta 7 años de cárcel para la excúpula de UGT Andalucía

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este miércoles, en sus conclusiones definitivas, sus peticiones de penas de prisión de hasta 7 años y multa de 50 millones de euros para los exmiembros de la cúpula de UGT de Andalucía juzgados en la Audiencia de Sevilla por una supuesta trama de facturas falsas. La Sección Tercera enjuicia al exsecretario regional del sindicato Francisco Fernández Sevilla y a otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, acusados de un delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil.

Estos posibles delitos están relacionados con la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados más de 40 millones de euros de subvenciones públicas de la Junta de Andalucía para cursos de formación. Además de a Fernández Sevilla, el tribunal juzga al que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Chapín y la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, así como el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados SL, y otras personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de empresas.

En sus conclusiones definitivas el Ministerio Público reclama siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para el exsecretario regional del sindicato Francisco Fernández Sevilla, al igual que para Fresneda, Charpín y el principal empresario, mientras que para Dolores Sánchez reclama cinco años y 50 millones. Para los otros acusados, que eran los proveedores de UGT Andalucía, el Ministerio Público pide tres años de prisión y multas.

El pasado 22 de abril Fernández Sevilla negó irregularidades en las facturas del sindicato y reclamó a la Junta, entonces gobernada por el PSOE, responsabilidad sobre “sus propios actos” al aprobar la gestión de estos programas. Esta macrocausa encara desde este miércoles su recta final, con la fase de conclusiones e informes, diez años después de que la iniciara el juzgado de instrucción 9 de Sevilla y se viera retrasada debido a que se hicieron complejos informes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos, de forma que no fue hasta mayo de 2021 cuando se remitió la causa.

La Fiscalía Anticorrupción centra la acusación en una decena de expedientes de subvenciones otorgadas por el sindicato y recoge como mecanismos para defraudar la creación de la central de compras y la utilización de instrumentos como el ‘rápel’ y el ‘bote’ con los que supuestamente se financiaba el sindicato.