ERC y Junts no darán un periodo de gracia, ni de descanso, al Gobierno. La aprobación de la Ley de Amnistía no supone para el independentismo su meta final ni tampoco puede leerse como el aval para el Ejecutivo de que tendrá la legislatura garantizada a partir de ahora.
Solo ha sido el punto de partida, sobre todo para Junts que dio sus siete votos para la investidura de Pedro Sánchez bajo la promesa de que se aprobara cuanto antes la citada ley. El independentismo dejó claro ayer que la amnistía no es garantía de la estabilidad de la legislatura. «Todo aquello que sea favorable a los intereses de Cataluña tendrá nuestro voto a favor, todo lo que sea contrario, tendrá nuestro voto en contra», advirtió nada más aprobarse la Ley de Amnistía el secretario general de Junts, Jordi Turull. Y es que, la otra imagen de la votación fue la de la ajustada mayoría parlamentaria de la que dispone el Ejecutivo para aprobar sus leyes. Esta es la segunda ley que se aprueba en seis meses desde que Sánchez nombrara a sus ministros y llega después de dos severos varapalos para el Gobierno, la pasada semana en el Congreso.
De todo ello, el Gobierno fue consciente ayer en el Pleno del Congreso que levantó el veto del Senado a la Ley de Amnistía. Un independentismo, envalentonado, advirtió ya de que la «siguiente parada» es el referéndum y así, reivindicaban su victoria. «Hoy es un día histórico porque es la primera derrota del régimen del 78», advirtió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. «Quien se ría, que recuerde lo que decía ERC hace unos años de la amnistía y lo que estamos votando hoy (por ayer)». De esa manera, los republicanos insinúan que hoy exigen el referéndum y que se acabará cumpliendo. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, siguió el debate desde la tribuna del Congreso de los Diputados, como cuando la norma marchó al Senado. Y también dejó clara la estrategia que seguirá su formación. «No es el final de nada, sino el principio de una lucha en igualdad de condiciones para hacer posible un referéndum», advirtió.
En Junts, la portavoz Míriam Nogueras, también se jactó de haber ganado «una batalla» y advirtió de que la amnistía no es el «perdón», sino «una victoria democrática y colectiva». Igual que ERC, puso el foco en el referéndum. «Que nadie se engañe con el acuerdo de investidura y la amnistía: no se va a resolver el problema de fondo, lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña».
Los ecos de advertencias fueron reproduciéndose con rapidez a lo largo de la jornada. El president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, a pesar de tener un pie fuera de la política ya, también buscó apuntalar la estrategia independentista y desde el Palau de la Generalitat pidió inmediatez para la aplicación de la ley a todos los afectados, ante las dudas de que ahora la Justicia pueda frenar o paralizar algunos de los procesos. «La ciudadanía de Cataluña puede conseguir todo lo que se proponga», sentenció.
Esta exhibición de fuerza independentista fue totalmente obviada por el Gobierno, quien, a la vez, trató de dar un bajísimo perfil a la votación definitiva de la ley. Tanto que renunció a intervenir en la defensa de la misma en el Pleno. (El Gobierno siempre puede intervenir para fijar su posición). Dejó el Ejecutivo la responsabilidad en el Grupo Socialista en el Congreso, quien, a su vez, utilizó a un diputado raso para que fuese la voz del socialismo en el Pleno. Fuentes parlamentarias habían justificado días previos esta decisión, argumentando que ya habían sido «primeros espadas» en muchas ocasiones quienes habían defendido la amnistía, como el portavoz en el Congreso, Patxi López. Muestra de la discreción por la que optó ayer el Gobierno es que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tan solo asistió a la votación final y evitó escuchar en primera persona los reproches tanto de aliados como de los partidos de la oposición. En cuanto a los ministros, solo asistieron diez ministros. Al terminar el pleno, eso sí, el presidente del Gobierno, celebró la aprobación de la Ley de Amnistía y aseguró que «el perdón es más poderoso que el rencor» y que «la convivencia se abre camino». «España es más próspera y está más unida que en 2017», presumió.
Por el Gobierno, el ministro de Justicia y urdidor de la ley, Félix Bolaños, celebró que la norma «cierra una etapa de conflicto» y que ya ha «cumplido su objetivo» de rebajar la tensión política en Cataluña. Ahora, aseguran en Moncloa, la pelota está en los jueces, quienes «tienen la decisión última» para aplicar la medida de gracia a los líderes independentistas. Según el ministro, ayer fue un «gran día para la democracia» al aprobar una ley que «cierra una etapa de conflicto, tensión y enfrentamiento» y se abre una «nueva de prosperidad, acuerdos y hacer política dentro de las instituciones».
