En octubre de 2022 llegaba hasta nuestros oídos que el gobierno de Corea del Norte, con Kim Jong-un al mando, sigue estableciendo un control sobre cualquier aperturismo occidental, y había condenado a muerte a dos jóvenes que sólo habían visto y distribuido la serie “El juego del calamar”. La última ejecución tuvo lugar en octubre en la pista de aterrizaje de un aeródromo de la ciudad. Las autoridades dispusieron a los estudiantes adolescentes frente a un público pavoroso, los condenaron a muerte e inmediatamente los ajusticiaron.
En los últimos años, las películas surcoreanas y occidentales, así como la música y los programas de televisión, se han extendido a lo largo y ancho del país en memorias USB y tarjetas SD fáciles de ocultar. Los contrabandistas introducen los archivos en el país desde China y luego los distribuyen entre particulares. Los dos adolescentes fusilados fueron sorprendidos por agentes espías tratando de vender en el mercado local el material de contrabando. En diciembre de 2020, el gobierno norcoreano aprobó la “Ley de la RPDC sobre el rechazo de la ideología y la cultura reaccionarias”. Esta prohíbe distribuir medios de comunicación procedentes de Corea del Sur, Estados Unidos o Japón, y establece castigos que pueden llegar hasta la pena de muerte. El simple hecho de ver este tipo de contenidos puede acarrear una condena de 15 años en un campo de reclusión por delitos comunes. Según la normativa, hablar, escribir o cantar al estilo surcoreano puede castigarse con dos años de trabajos forzados. Es tal la aversión a la cultura surcoreana que, en abril de 2021, Kim publicó una carta sobre los “venenos peligrosos”, en la que exponía su política para evitar que los jóvenes norcoreanos adoptaran un lenguaje, un peinado y una ropa extranjeros.
La regresión sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte es tan grave que el simple consumo de una serie de televisión extranjera puede castigarse con la pena de muerte, advirtió hoy ante el Consejo de Seguridad el Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk. Türk pintó este miércoles un sombrío panorama de lo que supone la vida en el país asiático en una sesión periódica para estudiar la realidad en uno de los territorios más herméticos del mundo, que vive gobernado por una dinastía de corte comunista desde 1948.
“Un entorno sofocante y claustrofóbico, donde la vida es una lucha diaria desprovista de esperanza”, resumió Türk, que describió los principales factores que definen esas restricciones: falta de libre movimiento, represión de la libertad de expresión, unas condiciones socioeconómicas “insoportablemente duras”, la realidad del trabajo forzado y las detenciones arbitrarias, junto a la ausencia del debido proceso judicial. El castigo por consumir o difundir la llamada ‘cultura reaccionaria’ merece un artículo legal específico, que recoge, en el peor de los casos, la pena de muerte por consumir clandestinamente medios de comunicación extranjeros o series de televisión, y otra ley ampara penalizar a los padres por las acciones de sus hijos en este sentido.
