La norma para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que llevan años trabajando en España avanza en su tramitación parlamentaria, pero los grupos deberán negociar ahora la redacción del texto definitivo. Después de que en abril la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la impulsó fuera admitida a trámite con el apoyo de todos los partidos salvo Vox, y una vez que el PSOE y Sumar se han puesto de acuerdo esta semana para cerrar el plazo de enmiendas, el PP, que llevaba meses evitando pronunciarse, ha presentado por fin sus condiciones para apoyar la ley. La propuesta de los populares, registrada in extremis el miércoles, excluye de la regularización a aquellos inmigrantes que tengan antecedentes penales, sean delincuentes reincidentes o tengan prohibida la entrada a territorio español. Fundación para la Ciudadanía Global, que como el movimiento Regularización Ya forma parte de la comisión que en su día impulsó la ILP, cree que las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios hacen “muy posible el acuerdo” en la redacción final, aunque advierte de problemas que dejarían “en papel mojado la regularización extraordinaria”, como el período de tiempo fijado —el PP pide que únicamente puedan acogerse quienes lleven al menos tres años en España— o la exigencia de Junts sobre la transferencia de competencias en materia migratoria a Cataluña.
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