Pedro Sánchez ha reaparecido tras su última derrota electoral, ahora en los comicios europeos. Con la excepción de Cataluña, en la que se vislumbra que el triunfo del PSC no conducirá a su éxito, sino al bloqueo, ha sumado fiasco tras fiasco en las citas con las urnas que se le recuerdan. Si el escrutinio popular influyera lo más mínimo en sus intenciones, el presidente habría asumido el voto de censura incontestable de los españoles y habría puesto punto final a una legislatura fallida. Pero su liderazgo y su personalidad se rigen por códigos extraños a los de un régimen liberal con los intereses particulares por encima de los generales. Ciego y sordo, ajeno a la verdad, contrario a la realidad, el sanchismo ha demostrado que no tiene límites ni urdimbre moral. Su afán por eternizarse en el poder le ha llevado a colonizar la mayoría de los resortes institucionales del estado de derecho y a desactivar los contrapesos, o al menos a intentarlo. Entre estos, aquellos que resisten con capacidad de control y denuncia sobre las actividades del Gobierno.
Estaba casi escrito que, superadas las elecciones, el sanchismo maniobraría contra esos focos aún autónomos como son la justicia y los medios de comunicación, catalizadores principales de las denuncias de corrupción que han estrechado el cerco contra el presidente y el PSOE. Su estrategia del fango y los bulos es una reacción defensiva simplona contra instrucciones en curso en los tribunales y el ejercicio de la libertad de prensa en un sistema democrático. Necesita jibarizar a toda costa a quienes considera enemigos, pero, sobre todo, amenazas. A caballo entre el Congreso y la televisión sanchista ha anunciado un próximo paquete de «mejora de la calidad democrática» que es el eufemismo de un plan para neutralizar a los togados y amordazar a los periodistas. Lo ha hecho con el enésimo chantaje al PP para que se someta a la renovación del CGPJ que él decida o arrebatará al Consejo la capacidad de realizar nombramientos, convirtiendo en definitivo su primer asalto autoritario que forzó el crítico panorama actual de los tribunales superiores.
A Sánchez, por supuesto, no le temblará el pulso. Perpetrará un nuevo atropello constitucional contra la división de poderes, protegido por Conde-Pumpido y su mayoría, en este caso desguazando al CGPJ, y aplicará un dogal a los medios críticos y libres con supuestas medidas para la rendición de cuentas y la transparencia. La española no es una democracia demediada por más degradación que haya inoculado el sanchismo, sino garantista, en la que nadie, salvo los socios de Moncloa, está por encima de la Ley. Sánchez no ambiciona robustecerla con sus normas ad hoc, sino fragilizarla en su provecho para poder desactivar las investigaciones por corrupción. Hay que exigir a la oposición firmeza e iniciativa frente a esta deriva que subvierte fundamentos capitales del orden legal en plena involución democrática. Y a la Justicia y la prensa, que cumplan con su deber.
