James Whitcomb Riley (1849-1916) fue un poeta americano, conocido como el «poeta de la gente», a quien –a falta de otros méritos líricos– se le atribuye haber formulado el «Test del pato», que reza que «cuando veo un pájaro que anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato». El penúltimo acto de la comedia que interpreta, desde el inicio de la legislatura, Carles Puigdemont es un buen ejemplo. Junts da el apoyo imprescindible a Pedro Sánchez para que siga en la Moncloa, pero al mismo tiempo anuncia que lo suspende y, de propina, reclama una reunión en Suiza. Es decir, si alguien apoya a un Gobierno, dice que lo deja en suspenso, pero mantiene su respaldo, es que lo apoya.
Algo similar ocurre con la fiscalía y su jefe Álvaro García Ortiz. Si su subordinada Almudena Lastra le pregunta si filtró los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y responde que «eso ahora no importa», todo parece lo que es. Eso sí, sería revelación de secretos, algo que desde la óptica penal es un delito menor, penado con un multa, que no impide que en términos políticos sea tan impresentable como inaceptable. Las voces que reclaman la dimisión del Fiscal General van desde toda la oposición hasta Felipe González, sin olvidar a buena parte de la carrera fiscal, que sostiene que el asunto daña a la institución de la Fiscalía. Hay muchos –incluidos quienes le conocen bien– que creen que él ya habría dimitido, pero que el propio Sánchez –en otra versión del «se fuerte» de Rajoy a Bárcenas– le ha pedido que resista. El problema de García Ortiz no es tanto penal, si el caso sigue adelante, sino que debe apechugar con el que «le han pillado». Es probable que muchos de sus predecesores hicieran algo similar, pero nadie los cazó en un renuncio así. No tiene nada que ver, pero Al Capone (1899-1947) cayó no por ser un gánster sangriento, sino por un asunto fiscal.
Las reformas anunciadas y el castigo fiscal a los compradores extracomunitarios de vivienda es lo que parece, un brindis al sol y a la galería, pero no soluciona el problema y, como dice The Economist, «es probable que el descontento público por la vivienda aumente antes de apaciguarse» Por último, la deuda de la Seguridad Social creció en 10.000 millones en noviembre –que es cuando se paga la extra de Navidad de las pensiones– y ya llega a los 126.177 millones, 71.000 más que en 2019. Confirma que si siempre se paga más de lo que se ingresa y obliga a endeudarse más cada año, hay un problema, sin que sea necesario recurrir al test del pato de Whitcomb Riley.
