El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha advertido este jueves del deterioro de la Justicia ante el aumento de la litigiosidad y el déficit de jueces, marcado además por “años de abandono y carencias” a la justicia regional a los que en 2023 se sumaron los efectos de la huelga de Letrados.
Pasqual del Riquelme ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en la Ciudad de la Justicia para informar del balance de la actividad judicial del TJSMU durante el pasado ejercicio, tras presentarle el documento al jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban.
“Lo ocurrido es, sin duda alguna, el fruto de años de abandono y carencias; de deterioro progresivo de las condiciones laborales; y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que están tardando demasiado en llegar las medidas legislativas y los medios necesarios para hacerle frente”, ha dicho.
Según ha manifestado, la paralización por la pandemia del coronavirus, el “bloqueo institucional” que sufre el Poder Judicial, el déficit “histórico” de órganos judiciales, la “alta” litigiosidad y la incidencia de las huelgas han hecho “muy difícil” dar una pronta respuesta a las demandas ciudadanas.
Los órganos judiciales de la Región registraron durante el año 2023 un total de 219.180 asuntos, un 1,2% menos a la del año 2022. Los 179.164 asuntos resueltos, tras cuatro meses de huelgas, supusieron una reducción interanual del 13,1%. Como resultado, a 31 de diciembre seguían en trámite en los juzgados y tribunales de la región un total de 179.188 procedimientos, un 27% más que el año anterior.
El presidente del TSJMU ha advertido de que estos resultados no son sólo un problema interno de la organización judicial. “Llegados a un determinado punto de deterioro institucional y operativo de la Justicia, que a su vez genera desafección ciudadana, se entra en riesgo de constituirse en un Estado fallido”, ha lamentado.
No obstante, ha recordado que los juzgados y tribunales de la Región solventan cada día decenas de litigios y se atiende a cientos de ciudadanos con “plena normalidad y con todas las garantías”. Así, ha puesto en valor los casi 180.000 asuntos resueltos en 2023, “una muestra de lo que hacen los más de 1.600 servidores públicos que trabajan para la Administración de Justicia en la Región”.
Comisión mixta
Pasqual del Riquelme ha denunciado las “asimetrías” entre comunidades en el despliegue de recursos de la Administración de Justicia y la “infradotación regional”, recordando que, de las nuevas 70 unidades judiciales previstas para 2024, solo una, que no llega a ser un órgano completo, sino una plaza de magistrado para la Audiencia Provincial, ha correspondido a la Región.
Y ello, ha denunciado, a pesar de que esta comunidad es la segunda con peor ratio de jueces, lo que, a su juicio, pone en evidencia “el olvido de nuestra región en las instancias políticas de decisión”.
En este sentido, el presidente ha explicado que el pasado 1 de mayo se trasladó en la reunión de la Comisión Mixta del TSJMU y el Ministerio de Justicia, celebrada en Madrid, la urgente necesidad de creación de al menos 12 nuevas unidades judiciales en la Región de Murcia. En concreto, demandó dos juzgados de lo civil en Murcia y uno de esa misma clase en Cartagena; un juzgado de lo penal en Murcia; cuatro plazas de jueces de adscripción territorial; el tercer juzgado de violencia sobre la mujer en Murcia; un nuevo juzgado mixto en Molina de Segura; el segundo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Región; y la creación de una nueva sección penal completa en la Audiencia Provincial.
Además, para compensar la falta de creación de nuevas plazas en 2024, por parte de la representación murciana se exigió la aprobación de una serie de refuerzos urgentes: en el Juzgado de Primera Instancia 18 de Murcia (con competencia exclusiva en materia de discapacidad e internamientos); en Instancia 16, especializado en cláusulas suelo con ámbito regional; en los servicios comunes procesales que dan servicio a la jurisdicción Civil de la capital; para el juzgado de lo penal 2 de Cartagena; en el partido judicial de Molina de Segura –uno de los más sobrecargados de España–; y para los Equipos Técnicos de Valoración de Murcia y Cartagena con funcionarización de plazas del personal laboral asignados y la dotación de tres nuevas plazas de psicólogos.
Avances
El presidente del TSJMU ha advertido de que estos resultados no son sólo un problema interno de la organización judicial. “Llegados a un determinado punto de deterioro institucional y operativo de la Justicia, que a su vez genera desafección ciudadana, se entra en riesgo de constituirse en un Estado fallido”, ha lamentado.
No obstante, ha recordado que los juzgados y tribunales de la Región solventan cada día decenas de litigios y se atiende a cientos de ciudadanos con “plena normalidad y con todas las garantías”. Así, ha puesto en valor los casi 180.000 asuntos resueltos en 2023, “una muestra de lo que hacen los más de 1.600 servidores públicos que trabajan para la Administración de Justicia en la Región”.
No obstante, el presidente del TJSMU ha reconocido “avances importantes” en la calidad del servicio que presta la Administración de Justicia regional. Ha destacado los pasos dados en materia de infraestructuras judiciales en la Región, en cuya planificación detallada se trabajó en 2023 para hacer efectivo el compromiso del Ministerio de Justicia de inversión en la Región de más de 100 millones de euros, y cuyos frutos, según ha precisado, se verán en los próximos años.
En concreto, de acuerdo a la información facilitada al Tribunal Superior, está previsto que a finales de 2024 comiencen las obras de acondicionamiento de los espacios libres existentes en la Ciudad de la Justicia, con una duración de 8 meses, para acoger el traslado temporal de las Salas y de Secciones de la Audiencia Provincial.
A continuación, se procederá a la rehabilitación integral del viejo Palacio de Justicia, conforme al proyecto elaborado en 2023. El plazo de ejecución de la obra será de 24 meses, lo que permite prever su terminación y ocupación final para 2028.
Las obras del nuevo edificio de los juzgados de Molina de Segura comenzarán a mediados de 2026, tras los concursos para elaboración del proyecto y ejecución de la obra. El plazo de ejecución previsto es de 24 meses, lo que permitirá disponer de la nueva sede, con capacidad para al menos 2 juzgados más, a mediados de 2028.
