El diálogo entre administraciones es obligado pero no garantiza la resolución de los problemas si no existe voluntad por ambas partes. En la Junta de Andalucía consideran que el Gobierno de España no tiene interés en afrontar de manera seria el problema de la inmigración irregular: no lo ha tenido en Canarias y tampoco lo tiene en Andalucía, una de las comunidades más afectadas.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, presidió ayer en Sevilla un pleno extraordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante. El nuevo Gobierno andaluz tiene la consigna de resolver los problemas pero también de denunciar todo aquello que entorpezca para solucionarlos. Y eso es lo que hizo la consejera, al exigir al Gobierno de España que declare la emergencia migratoria y que vincule a la Unión Europea ante la situación que afronta Canarias y Andalucía y que «se agravará» durante el mes de agosto. López fue clara y advirtió de «colapso sin respuesta» de los recursos dedicados a la atención para menores migrantes.
En el marco de este foro, –que es un órgano de participación social, con funciones asesoras y de información en materia de coordinación de políticas migratorias–, la consejera expuso la coyuntura generada en Andalucía, donde han sido trasladados por el Gobierno casi 500 menores migrantes no acompañados desde Canarias «bajo la apariencia de adultos» desde el pasado mes de octubre de 2023.
López aseguró que en reiteradas ocasiones ha informado al Ejecutivo de lo que estaba ocurriendo con los menores, por lo que señaló que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, «faltó a la verdad» al decir que no eran conocedores de estos traslados. De hecho, la titular de Inclusión Social remitió una nueva carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para incidir en esta «complicada» situación que «afecta tanto a los menores como a los jóvenes migrantes extutelados». Un ejemplo de que el diálogo sin vocación de solventar la situación es infructuoso.
En este sentido, López reprochó al Gobierno que siga «sin planificación, ni financiación, ni información» ante el fenómeno migratorio y recordó que los recursos de atención para menores migrantes se encuentran colapsados. Por ello, hizo hincapié en que «no puede mirar a otro lado» porque estas personas «requieren una respuesta específica y un acompañamiento para su inclusión social».
Andalucía se encarga de la atención de estos menores y jóvenes hasta los 25 años «sin recibir financiación alguna del Gobierno que, además, no reconoce siquiera estos traslados camuflados como adultos». En los próximos meses, estos menores irán cumpliendo los 18 años, provocando también el «colapso» de los recursos para los extutelados mayores de edad.
«El Ministerio quiere que los dejemos en la puerta de la calle», recriminó la consejera, que subrayó que Andalucía es una tierra solidaria y comprometida con una migración humana y ordenada.
«No hay financiación, no hay información, no hay coordinación, no hay política migratoria y no aplican la política exterior, ni aplican el trabajo en el país de origen. No declaran la emergencia migratoria y no vinculan a la Unión Europea», reprochó López.
La inmigración es otro de los problemas vehiculares del final de la actual legislatura y las posturas están cada vez más enfrentadas sin vías de solucionarse.
