España ha experimentado dos grandes crisis constitucionales esta década, que además se entrecruzan. Una, la encarnizada confrontación entre los poderes del Estado, debida a los excesos de los sectores conservadores del poder judicial, y de las disfunciones del Estado de partidos, provocadas por la extrema polarización política. Otra, de orden territorial, motivada por las deficiencias del modelo de descentralización, que propició un intento fallido de reforma estatutaria en Cataluña, y que desembocó en un proceso soberanista que derivó, referéndum mediante, en una severa respuesta coercitiva. Una receta distinta a la prescrita estos días por Michael Ignatieff, para el cual estos conflictos tienen su origen en aspiraciones muy antiguas, identidades históricas que nos han acompañado mucho tiempo, y que exigen un tratamiento cívico y responsable, no penitencial, añado yo.
