La capacidad normativa de las comunidades autónomas en impuestos como el IRPF provoca diferencias de tributación territoriales que, en el caso de una renta de 600.000 euros anuales, alcanza aproximadamente los 45.000 euros. Esta brecha es la que el Ministerio de Hacienda quiere atajar aprovechando la futura reforma del sistema de financiación autonómica, precipitada tras el acuerdo firmado entre el PSC y ERC para dotar a Cataluña de un modelo singular. El Congreso debatió ayer sobre el plan y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió la limitación del margen normativo de los territorios con el fin de “exigir el mismo esfuerzo fiscal a la misma capacidad de renta”. El literal de sus palabras sugiere frenar de alguna forma la competencia tributaria de las autonomías para subir o bajar impuestos, una cuestión que iría contra el modelo federal que defiende el Ejecutivo. Fuentes de Hacienda aclaran que no hay intención de promover una supresión de esas facultades, sino que la apuesta pasaría por reducir las grandes diferencias que hay en el trato tributario de las rentas y patrimonios más elevados.
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