La impunidad comienza a abrirse paso de manera inquietante y definitiva en nuestra vapuleada democracia. Ayer viernes, en plena mañana pre fin de semana y tal vez confiando en que los sufridos ciudadanos víctimas de tanto «bulo» de la ultraderecha y sus jueces satélites estuvieran ya alejándose de prensa e informativos, el grupo parlamentario socialista –que no el Gobierno porque hay trabas y demoras que siempre se pueden sortear– presentaba en el Congreso una iniciativa que, como poco pone los pelos de punta a cualquiera que mínimamente aprecie lo que ha costado ganar un sistema de libertades y división de poderes. Iniciativa que pretende entre otras cosas limitar el papel de los jueces instructores en según qué contextos y sobre todo acabar con las acusaciones particulares. El argumento, aunque manido parece que no deja de tener sus simpatías en la feligresía de la izquierda, «frenar el acoso derivado de acciones judiciales abusivas», toda una declaración de justas intenciones a la carta en plena investigación de los casos Begoña Gómez o David Sánchez, dado que otros casos como el del fiscal general García Ortiz o los Koldo y ramificaciones ya están en modo poco parable pero… mucho ojo, en previsión de que puedan darse algunas curiosas «conexiones» poco agradables para algunos en asuntos como el de los hidrocarburos, que en origen mandó a Aldama a la cárcel, pero que atisba «recorrido».
Ahora va a resultar que esas acusaciones que tanto agradaban a determinada parroquia en el caso Gurtel o el propio Nóos que llevó a prisión a todo un yerno del Rey son una amenaza para los derechos de algunos ciudadanos cargados de «transparente honradez» frente a los «ultras, para impedir sus mecanismos de acoso a artistas, intelectuales o partidos utilizando la justicia». Añadiría aquí que lo de Patxi López empieza a ser «trabajo para uno cualquiera, pero no de la familia» que diría don Vito acariciando su gato.
Pero tal vez lo más grave resulte la vía abierta hacia la impunidad del poder, más que a la europea, a la caribeña –respetando a democracias de esa zona que no son Venezuela– porque llegado el caso (hipotético por supuesto), a la cabeza del actual poder solo podrían abrirle investigación «su» fiscalía general y «su» abogacía del Estado. Ergo, la mera propuesta de la iniciativa y tanto oportuno «celo» garantista genera sospechas donde se supone que no debería haberlas.
