La aplicación de la ley de amnistía a los principales líderes independentistas ha abierto una guerra en la Fiscalía de la que ya se conoce quién será el ganador. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tiene la potestad de imponer su criterio en la posición que se adopte finalmente sobre la medida de gracia para todos los encausados del procés, ordenó este viernes a los fiscales del caso que defiendan ante el Tribunal Supremo la amnistía a los procesados y condenados por malversación, entre ellos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. Inmediatamente después, los cuatro fiscales, atrincherados en la posición contraria, enviaron un escrito en que confirman que van a llevar al límite su oposición, forzando la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala para obligar a los integrantes de la cúpula fiscal a alinearse en uno de los dos bandos. La reunión se celebrará el próximo martes, 18 de junio. Lo que diga la junta no es vinculante para García Ortiz, que tendrá la última palabra sobre el criterio que se fije ante el Supremo. Pero aunque tenga asegurada la victoria, las batallas intermedias pueden ahondar en el desgaste del fiscal general.
