No le faltan tablas políticas a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como demostró ayer en la sesión de control parlamentario, si bien, todo hay que decirlo, su beligerante intervención dejó flotando sobre el Hemiciclo la inquietante sospecha de que la principal responsable de las cuentas públicas no sabe en qué consiste el acuerdo de financiación singular de Cataluña o, lo que sería peor, intuye que su jefe de filas, Pedro Sánchez, no está dispuesto a cumplirlo en los términos pactados con ERC.
Por supuesto, no es una duda menor –como revela la insistencia del portavoz nacionalista de Junts en obtener una respuesta clara, de sí o no, a la pregunta de si lo firmado es un concierto económico, en la línea de los que rigen con el País Vasco y Navarra, respondida con evasivas–, entre otras cuestiones, porque, de ser así, presupone una quiebra del actual sistema de financiación autonómica, amén de abrir un nuevo episodio del «café para todos» de la Transición, pero esta vez con el españolísimo añadido del «todos queremos más».
Y, sin embargo, la cuestión esencial de lo sucedido ayer en el Congreso es que el Gobierno de la Nación se niega –o es incapaz– al mínimo ejercicio de transparencia exigible en una democracia como es el traslado a la opinión pública y a la sociedad en general de las decisiones políticas más trascendentes para la vida cotidiana de los ciudadanos, incluso, aunque no presenten dudas de inconstitucionalidad como en el caso que nos ocupa. Ante este hecho insólito, la batería de reproches, amenazas, insultos y críticas que dedicó la ministra a la oposición hay que tomársela a beneficio de inventario. Tal vez consiga animar a la bancada propia, pero cada vez es más difícil de ocultar la incomodidad que la financiación catalana –ese «modelo nuevo», como toda explicación– provoca en las filas socialistas, algunos de cuyos miembros más caracterizados preparan iniciativas legislativas para impedir la operación.
Con un problema añadido, que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, zaheridas desde el Gobierno porque no se pliegan a extender el infierno fiscal a sus ciudadanos, también disponen de recursos legales para, al menos, retrasar la imposición del acuerdo. En principio, el Ejecutivo tendrá que ir sorteando el conflicto hasta la celebración, a finales de noviembre, del Congreso del PSOE, en el que se supone que saldrá reforzado su actual secretario general, pero tarde o temprano tendrá que tomar una decisión de la que dependerá la supervivencia de la legislatura. Porque, al igual que sucede con los Presupuestos, se ha abierto un nuevo periodo de negociación entre los socios de la mayoría de investidura, a quienes la vía catalana ha mostrado el camino para pedir más concesiones a La Moncloa, y no sólo fondos financieros.
