Nuestra aún ministra de Transición Ecológica, la señora Teresa Ribera, se somete hoy a la elección en Bruselas para su nuevo cargo de comisaria de Competencia y Transición Limpia, en una votación de la que saldrá elegida sin mayor problema, pese a haber estado desaparecida durante los días postreros a la DANA de Valencia. La responsabilidad de la mala gestión de la crisis hay que centrarla en Sánchez y Mazón, es evidente, pero nuestra vicepresidenta tercera también tiene parte de la culpa. No sólo por aparecer diez días después apenas para decir que conviene hervir el agua antes de beberla. Los agricultores valencianos van más allá. Uno de sus portavoces ponía el acento estos días en que los principales responsables de lo ocurrido son el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambos dependientes de Ribera. Los trabajadores del campo llevan años denunciando que se les persigue desde la Confederación, con multas y sanciones cuantiosas, por limpiar los ríos, cuando es de sentido común pensar que las cañas, en esas zonas abundantes, no deben acumularse en los cauces, porque cuando llega una tromba de agua forman tapones, balsas irregulares que al ser desbordadas desencadenan olas. No siendo lo mismo que el efecto de los azudes, construidos en época de Franco y destruidos por la señora Ribera. Los azudes retienen el agua pero, al llenarse, la redistribuyen por las acequias laterales para evitar justamente que el cauce acumule liquido en exceso con efecto arrollador. Las cañas y los desechos, no. Esos sí que hay que eliminarlos cada año. O al menos debiera hacerse. Es responsabilidad de las Confederaciones Hidrográficas velar por ello. Pero los propietarios agrícolas denuncian que, en vez de limpiar los ríos, las Cuencas se han dedicado a perseguir a los agricultores que desescombran las riberas llenas de cañaverales y maleza. Amén de que paralizaron todas las obras de la cuenca del Júcar, fundamentales en casos de riadas e inundaciones.
Decir que Ribera es responsable, junto a Marlaska y Sánchez por no declarar el estado de Emergencia Nacional, no implica que se eximan los pecados acumulados por la Generalitat valenciana, con Mazón a la cabeza. Por no alertar a tiempo y por incapacidad general, pero también por permitir, junto con los alcaldes, la abundancia de urbanizaciones en zonas de paso de agua, o sea, en los cauces secos, los arroyos, las riberas y las ramblas. No se trata ya de no construir en terrenos habitualmente inundables, que también, sino de consentir que se haga justo en los lugares por los que el agua discurre en trombas durante los episodios de gota fría. Eso es responsabilidad de Mazón, y de los gestores que precedieron a Mazón, tanto Puig como Camps, Zaplana y los demás, que no hicieron nada en ese sentido. Las costosas obras hidráulicas no dan votos.
Tampoco se escapa de la crítica el Ministerio de Fomento, encargado de construir las presas necesarias en el Barranco del Poyo, donde los expertos han coincidido desde siempre en que, cuando llueve con fuerza, llega demasiada agua con relación a la escasa superficie del cauce seco, por lo que construir una presa fue desde siempre una prioridad, postergada año tras año desde que se propusiera por vez primera en 2009.