La Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón ha abordado este martes la necesidad de evaluar y reforzar el sistema de atención a menores tutelados, un sector que requiere ajustes estructurales según los representantes políticos y profesionales implicados.
La discusión surgió a raíz de una proposición no de ley (PNL) presentada por Izquierda Unida (IU), con el objetivo de revisar los recursos y la carga laboral de los profesionales dedicados a esta área. La propuesta, además, señala la necesidad de incorporar nuevos profesionales y mejorar las condiciones laborales, a fin de ofrecer un servicio de protección infantil más sólido y eficiente.
Durante el debate, varios grupos parlamentarios expusieron sus puntos de vista. Álvaro Sanz, de IU, subrayó la importancia de abordar el déficit estructural de profesionales mediante un diagnóstico preciso, afirmando que aún no se sabe con claridad qué se evalúa y cuáles son las áreas críticas que requieren intervención. Por su parte, la diputada del Partido Popular (PP), Silvia Casas, destacó que el sistema de protección de la infancia está desfasado y ya se están tomando los primeros pasos para su evaluación exhaustiva. Aunque el PP presentó una enmienda, esta fue rechazada durante la votación.
Las diferencias en las propuestas sobre el sistema de protección de menores
El debate en la comisión evidenció una clara división entre las fuerzas políticas. Mientras el PSOE, representado por Pilimar Zamora, defendía que el sistema de protección de menores es adecuado pero requiere refuerzos, VOX y el PP señalaron la necesidad de modificar profundamente el sistema. David Arranz, de VOX, sostuvo que se debería perfeccionar el sistema con la incorporación de más recursos materiales y humanos, proponiendo que la colaboración público-privada se contemple siempre bajo controles rigurosos.
En tanto, Isabel Lasobras de CHA insistió en que el sistema debe ser esencialmente público, libre de externalidades, y consideró crucial la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores para asegurar la continuidad de los proyectos.
Por otro lado, la diputada de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, hizo énfasis en que la precarización de los trabajadores en este sector no puede seguir. Subrayó que la evaluación del sistema se lleva años solicitando, lo que hace urgente su implementación para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar un servicio de calidad para los menores tutelados.
Cooperación Aragonesa y Acción Humanitaria
En una segunda parte de la sesión, la Comisión de Bienestar Social y Familia trató un tema relacionado con la Cooperación Aragonesa. Una moción del PSOE instaba al Gobierno de Aragón a aprobar un nuevo Plan Director de la Cooperación Aragonesa y una Estrategia de Acción Humanitaria y Emergencia. Estos planes son fundamentales para financiar de manera estable la cooperación para el desarrollo, con el objetivo de destinar el 0,7% del presupuesto a estas actividades. Sin embargo, la propuesta fue rechazada con los votos en contra del PP y VOX.
La socialista Pilimar Zamora, quien defendió la moción, resaltó la importancia de “sumar sinergias entre todos los actores” para asegurar una cooperación efectiva. Aunque el rechazo de la propuesta refleja la tensión política sobre la asignación de fondos para la cooperación, Zamora instó a no dejar el 2024 en blanco y a que se comience a cumplir con los objetivos marcados.
