Por la puerta de atrás y con alevosía. Así ha actuado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no ha dudado en utilizar el Real Decreto de ayudas por la DANA para evitar la jubilación forzosa del comisario José Angel González, un alto cargo de su confianza dentro de la Policía Nacional. En concreto, el Ejecutivo ha incluido la modificación de la ley orgánica que afecta a la jubilación de los agentes a los 65 años y la ha “retorcido” para que “la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional (DAO) pueda permanecer en la situación de servicio activo mientras ostente dicho cargo”. O lo que es lo mismo, hasta que Marlaska decida su cese.
La disposición final quinta, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 9/2015 del Régimen de Personal de la Policía Nacional, con el objetivo de retrasar la jubilación de uno de los hombres de confianza del ministro, José Ángel González, al igual que hizo en el pasado con el DAO de la Guardia Civil.
Sobra decir que, pese a sus intentos por colar este cambio por la puerta de atrás, finalmente ha salido a la luz. “Víctimas a cambio de mantener su brazo político dentro de la Policía. La última indignidad de Marlaska”, denunciaba la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, una de las primeras en darse cuenta de esta artimaña. Y se preguntaba por qué habiendo 77.000 policías y 170 comisarios principales, “solo les sirve ese”.
Descontento en la cúpula policial
También han reaccionado los agentes de la Policía Nacional, a quienes les “sorprenden los esfuerzos y la búsqueda hasta la saciedad que ha mantenido este Gobierno de las fórmulas para poder mantener en su puesto, más allá de la edad de jubilación, al Director Adjunto Operativo, mientras nos niegan las fórmulas para poder reformar la legislación vigente relacionada con la jubilación digna de todos los policías nacionales”. Así lo han señalado desde el sindicato Jupol, quienes recuerdan que ya existe una legislación y que se “aplica al resto de cuerpos policiales de España, salvo para la jubilación de Policía Nacional y de Guardia Civil”.
A su juicio, es evidente “la falta de voluntad de este Gobierno”, que solo se vuelca con su personal de confianza dejando tirados a los agentes. Y en este sentido, advierten de que esta modificación hecha por la puerta de atrás, supone un “agravio”, no solo con el resto de policías, sino con la propia Junta de Gobierno de la Policía Nacional. Un hecho que, según explican desde este sindicato, “está generando bastante descontento en la cúpula policial”.
Y si disposiciones legales hablamos, desde Jupol recuerdan las que permiten que la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y Policías Locales se jubilen a los 59 años, con la pensión máxima. Normativas que son “extrapolables a guardias civiles y policías nacionales”, por lo que debería aplicarse “la máxima jurídica de que, a igual situación, igual tratamiento jurídico”.
Ahora, tras la última artimaña de Marlaska tienen más claro que nunca que cuando el Ejecutivo quiere, “está abierto a buscar fórmulas para modificar la legislación vigente”.