Entre las obsesiones del Gobierno está la de incrementar el gravamen a herencias y patrimonio, haciéndolo de tal manera que sea imposible que las autonomías puedan escapar a los designios de la señora María Jesús Montero, que ha vuelto a la carga con la una “armonización fiscal” que pretende establecer un tipo unificado para todas las regiones. Se obligará así, vía legislación básica, a que las que menos cobran, como Madrid, Andalucía y otras del PP, tengan que incrementar su presión impositiva en las materias antes mencionadas. Montero estaba obsesionada con este asunto desde que gobernaba la Hacienda andaluza, cuando aplicaba unos gravámenes ruinosos a la mayoría de los ciudadanos, de suerte que muchos preferían renunciar a la herencia antes que pagar lo que la Junta les pedía.
Ahora anda en ello otra vez, animada por Sumar, Podemos y las diversas izquierdas regionales. El problema es que a Junts no le gusta nada este plan Montero de armonización fiscal, de tal manera que el partido de Puigdemont, presionado por la patronal catalana de Sánchez Llibre, es contrario a penalizar más las herencias y a seguir cobrando por el impuesto de patrimonio, que quiere derogar. Curiosamente, si PP, Vox, Junts y UPN votan unidos en esta materia, ganarían a la izquierda eliminando el impuesto de Patrimonio y beneficiando a los afectados por las herencias al impedir nuevas andanadas vía Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Interesante batalla en la que el socio más derechista del Ejecutivo podría castigar a Sánchez en uno de los asuntos en los que más compromiso le piden al PSOE el resto de sus asociados comunistas
