Es del todo evidente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende elevar a la categoría de conflicto político institucional el caso de la citación judicial de su esposa, Begoña Gómez, incursa como investigada por un juez instructor –es decir, bajo la total presunción de inocencia–, decisión que fue avalada, parcialmente, por la Audiencia Provincial de Madrid, tras un recurso presentado por la vía de máxima urgencia por parte de la Fiscalía. Y si destacamos este último hecho es porque en el ámbito de los tribunales también ha resultado extraña la celeridad de los fiscales a la hora de procurar la inadmisión de la denuncia o el archivo sin más de la causa.
No vamos a caer en artificios dialécticos absurdos y pretender que la imputación de la señora Gómez no debería afectar al normal funcionamiento del Gobierno de la Nación, por cuanto la esposa del presidente carece de estatuto oficial, porque no sería cierto. Tampoco lo sería negar que el «tiempo judicial» y el «tiempo político» se han solapado en este asunto, lo que tendrá su inevitable influencia, poca o mucha, en el resultado de una elecciones europeas que el propio inquilino de La Moncloa ha planteado como un plebiscito a su persona. Podrá gustar más o menos, pero no hay norma alguna que impida expedir un mandato judicial en período electoral y no es, precisamente, el actual PSOE el más indicado para denunciar el incumplimiento de normas no escritas, que siempre son fruto de la cortesía política entre adversarios.
Sin embargo, y tratando de comprender todas las circunstancias, nos hallamos ante un asunto que no afecta a las instituciones del Estado ni al normal desarrollo de la convivencia pública ni, mucho menos, a los partidos de la oposición que no han tenido arte ni parte en las actividades profesionales de la señora Gómez por lo que es poco justificable la reacción colegiada del Gobierno y de sus organismos dependientes, alentando entre la opinión pública presuntas conspiraciones que sólo existen en la imaginación de los propagandistas de La Moncloa.
Peor aún, si en las denuncias del contubernio se incluye como partícipe a la Justicia y, además, se utiliza el Consejo de Ministros como altavoz de unas acusaciones contra la independencia judicial tan graves como aventuradas. Si ya el actual Gobierno de coalición ha dado serios indicios de desconocimiento de la delgada línea que separa la gestión de los medios y órganos públicos de la pretendida propiedad de los mismos, el evidente nerviosismo del presidente Sánchez augura mayores tensiones institucionales.
La cuestión de fondo es que nadie puede estar por encima de la ley, lo que se convierte en una de la mayores garantías democráticas de los ciudadanos, aunque, claro, hablamos de un Ejecutivo que ha aprobado una ley de amnistía para que algunos españoles sean impunes.
