No es muy presentable vincular los Presupuestos a la tragedia de Valencia. El planteamiento de Sánchez, según el cual las ayudas de 10.000 millones estarían condicionadas a que se aprueben los PGE, no puede ser entendido más que como un chantaje impropio y oportunista, que debería avergonzar al que lo plantea. Amén de ser incompatible en esencia. No se pude hablar de «ayudas inmediatas», para ser recibidas en dos o tres semanas como mucho, y al mismo tiempo vincularlas a que se dé el visto bueno a las cuentas públicas para 2025, que no estarán aprobadas hasta dentro de tres meses, como poco. O una cosa o la otra, pero las dos a la vez, no. Lo normal es que esas ayudas se den como crédito extraordinario, como ha sucedido con otras catástrofes naturales. Y que, además, se garantice que el dinero va a llegar a los afectados en tiempo récord, no como en el caso del terremoto de Adra o el volcán de La Palma. En el primer caso, el pasado verano acabaron de recibir las ayudas prometidas hace 13 años. Con relación a la erupción volcánica, la inmensa mayoría de los damnificados reconoce que aún no les llegó nada. Es tal el papeleo, la burocracia, que muchas personas se acaban agotando y deciden luchar contra los elementos por sus propios medios.
Queda fenomenal decir en público, en rueda de prensa televisada a toda España, que nadie se va a quedar atrás, cuando del dicho al hecho va un gran trecho. El problema es que la ciudadanía se empieza a cansar de semejante artillería artificiosa. Fenomenal para la galería, pero papel mojado a la hora de la verdad. Ojalá que en este caso no sea así. Sería la primera vez, la verdad. Pero nunca es tarde. Lo que no tiene pase, desde ningún punto de vista, es que se diga que las ayudas serán inmediatas y acto seguido vincularlas a los Presupuestos. Porque entonces estaremos ante un condicionamiento político impropio de quienes gobiernan y están llamados a solventar los problemas de una ciudadanía azotada por la desgracia. Quien no ha perdido a un ser querido se ha quedado sin local, sin negocio o sin casa. Y no contamos aquí los coches, que eso es ya generalizado. Razón por la que es fundamental que el Gobierno, que no está quedando nada bien en la gestión de la catástrofe, no persista en hacer más trampas, de esas que además huelen. Y que tampoco saque pecho por esos créditos que se anuncian con el marchamo de «avalados». Un crédito avalado es un crédito que hay que pagar. Cuando el problema es que quien se quedó sin su negocio no tiene dinero ni para vivir. Mucho menos para un préstamo, por muy avalado que esté, o por escaso interés que tenga. Al final hay que pagarlo. Lo que procede y tiene que hacer el Gobierno es dar el dinero a fondo perdido.
Hay que ayudar sin más a esas personas. Se han quedado sin nada y no sabemos cuando podrán levantar cabeza, si es que pueden. En el caso de la suspensión del pago de impuestos, más de lo mismo. Poca diferencia hay entre pagar el IRPF o el IVA hoy o dentro de tres meses. Hay que pagarlo y esas personas, comerciantes, pequeños empresario o autónomos, no tienen recursos para desembolsar nada ni ahora ni en cinco meses. Por tanto, no se trata de aplazar, sino de eximir. Al menos durante un ejercicio fiscal completo. No intentemos presentar como genial lo que es apenas regular. No más trampas.
