Buenas noticias para el Cuerpo Nacional de Policía como para la Guardia Civil. El Senado aprueba este miércoles incluir a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo y mejorar su jubilación. Y es que, en estos últimos seis años, un policía jubilado habría perdido hasta 70.000 euros respecto a un mosso d’esquadra. Para ponerse en contexto, fue en marzo de 2018 cuando se firmó el mal llamado “acuerdo de equiparación salarial” para que policías nacionales y guardias civiles cobrasen lo mismo que otras policías del Estado.
En este sentido, mientras un agente autonómico se jubila de forma anticipada a los 59 años sin pérdida alguna de poder adquisitivo, no ocurre lo mismo con un agente de la Policía Nacional. En este caso, sí sufre una coeficientes reductores en las retribuciones que percibe en su jubilación voluntaria anticipada. En cifras, un ertzaina o un mosso puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Diferencia que aumenta hasta los 900 euros mensuales tras la edad de jubilación ordinaria.
La edad de jubilación voluntaria anticipada a los 59 años y sin penalizaciones
El hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la “jubilación anticipada” cobrando el 100% de la prestación. El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales.
Por eso es tan importante que los policías nacionales y los guardias civiles sean reconocidos como profesionales de riesgo. Algo a lo que se han negado desde el Ejecutivo y que llama la atención, más si cabe cuando otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado “de riesgo”.
Fin de las brechas salariales entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Por otra parte, las organizaciones sindicales reclaman una ley que garantice que no se vuelvan a producir estas desigualdades y cierre de una vez por todas las brechas salariales que existen entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías autonómicas, más si cabe cuando el pagador es el mismo, es decir, el Ministerio del Interior.
En concreto, hacen referencia a las diferencias salariales en igualdad de puestos y que afectan a las pagas extraordinarias, las horas extra, las dietas, la asistencia a juicios y las jubilaciones. Por no hablar de diversos procedimientos normativos, con impacto presupuestario.
Lo cierto es que resulta extraño el hecho de que unos policías formen parte de ese grupo y otros no. Se trataría pues de una discriminación por parte del Estado, que afecta al bolsillo de los agentes. Mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra.
En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.
