El reetiquetado es uno de los fraudes más extendidos en la comercialización de alimentos. Esta práctica, que rompe la trazabilidad que caracteriza las producciones de alta calidad del sector primario andaluz, consiste en atribuir a través de un simple cambio de etiqueta el origen y características de un alimento concreto a mercancía que normalmente procede de otro país o que no se ajusta a los parámetros que lo distinguen. En Andalucía esta estafa ha sido muy denunciada por los consumidores y por los propios profesionales en el subsector de las frutas y hortalizas, líder de las exportaciones de la comunidad junto al aceite de oliva. Y de forma muy especial en Almería, la denominada despensa de Europa. Los resultados de los planes de inspección de la Junta de Andalucía, en cambio, detectan un porcentaje de irregularidades significativamente más alto en Huelva, cuya actividad se centra en los frutos rojos, que en la almeriense. En concreto, el índice de expedientes sancionadores abiertos en territorio onubense es 16 puntos superior.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha respondido por escrito a una batería de preguntas parlamentarias formuladas por Vox respecto a la práctica fraudulenta de reetiquetado de frutas y hortalizas en toda la comunidad. La formación ultraconservadora siempre se ha mostrado por preocupada por la competencia desleal e insiste en la aplicación de las cláusulas espejo para frenar la llegada, principalmente de Marruecos, de productos que en ocasiones son vendidos en Europa con la apariencia de españoles, pero que no han pasado ni los controles ni han cumplido los requisitos exigidos a los agricultores andaluces.
Del repaso de las cifras de control e inspección realizadas por la Junta de Andalucía se pueden extraer distintas conclusiones y varias valoraciones. La primera: no se puede decir que la Administración haya realizado haya realizado una persecución de estas malas prácticas en el periodo comprendido entre 2019 y 2023. En cinco años ha completado 1.825 inspecciones, lo que se traduce en una media diaria de 1,2 controles.
La segunda: en la provincia de Almería se han completado el 60% de las supervisiones sobre el terreno y sólo se han abierto 60 expedientes sancionadores. Es decir, que el porcentaje de irregularidades detectadas se limita al 4,4% de los centros productivos. En cambio, en la provincia de Huelva este índice se eleva al 20,8%, al registrarse 46 expedientes en 221 registros (seis veces menos que en la provincia más inundada de invernaderos). Recientemente, la organización COAG, a través del secretario de Organización, Eduardo López, alertaba de que en Huelva que hay «un tinglado societario de empresas que se dedican a especular y a cambiar el origen de los productos y a utilizar la marca Huelva -o la marca España y marca Andalucía- como origen del producto para ganar el dinero»
Curiosamente, Huelva tampoco es la provincia con mayor porcentaje de irregularidades detectadas, sino que se trata de Cádiz, donde la Junta en un lustro ha realizado 67 inspecciones y ha abierto 17 expedientes sancionadores (25,4%).
La tercera conclusión que se puede extraer del balance de inspecciones es que las sanciones son insuficientes en comparación con el daño reputacional que la comercialización fraudulenta puede provocar. El consejero Ramón Fernández-Pacheco, que firma las respuestas parlamentarias aludidas anteriormente, cuantifica únicamente las sanciones económicas en tres provincias y éstas apenas alcanzan la cifra de 135.970 euros, correspondientes a 56 expedientes sancionadores –la media del castigo económico se queda en menos de 2.500 euros–: en Sevilla, 28 expedientes resultantes de 143 controles se han traducido en multas de 74.854 euros; en Córdoba, 8 expedientes en 92 inspecciones totalizan 8.302 euros de sanción; y en Granada, tras 190 registros se instruyeron 20 sanciones por un total de 52.814 euros. Por último, en Málaga se han abierto 33 expedientes en 145 visitas y en Jaén se completaron trece en idéntico periodo sin observarse irregularidad alguna.
La Junta ya anunció en marzo que endurecerá las sanciones por fraude en el etiquetado y ha venido reiterando una necesaria intensificación de los controles en los Puesto de Inspección Fronterizos (PIF) de los puertos, que deberían aumentar su personal para poder realizar inspecciones más exhaustivas y ágiles que las que se llevan a cabo actualmente a los alimentos procedentes de terceros países.
