El título elegido para enmascarar la amnistía me pareció hilarante y pretencioso desde el primer día. No sé a quién se le ocurrió algo tan pomposo como «amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña», ya que refleja fielmente el fin ilegítimo de la norma aprobada. En primer lugar, porque la normalización era tan grande que los independentistas han gobernado desde la celebración de las primeras elecciones tras finalizar la aplicación del artículo 155 CE. Por tanto, los partidos que protagonizaron la rebelión, tal como la definió Sánchez, contra el Estado de Derecho han tenido una actividad normal. Algunos cabecillas fueron condenados por el Supremo y otros huyeron de la Justicia, aunque ahora regresarán como héroes gracias a Sánchez. No hay que ser un gran jurista para entender que no se puede normalizar aquello que ya es normal. Desde el chapucero pronunciamiento de ERC y Junts se han celebrado un montón de elecciones en Cataluña. No existe una situación de excepcionalidad, represión o un conflicto militar que pueda justificar una amnistía como sucede, por ejemplo, en el tránsito de una dictadura a una democracia. La pomposidad no me sorprende, porque demuestra la ausencia de cualquier atisbo ético o coherencia política.
No voy a glosar otra vez el carácter chapucero de una norma ilegal que explica el fuerte rechazo que se ha producido entre los juristas más cualificados entre los que no se encuentran, evidentemente, Javier Pérez Royo, Martín Pallín y otros seguidores del uso alternativo del Derecho para ponerlo al servicio del sanchismo. La inconstitucionalidad es palmaria, como diría ese gran sanchista que es Galindo, el secretario general del Congreso, pero el control del Tribunal Constitucional, como hemos visto desde que Conde-Pumpido asumió la presidencia, permite retorcer la Constitución, mancillar las togas y blanquear los ataques de Sánchez al Estado de Derecho. Todo el mundo tiene claro que Conde-Pumpido, Balaguer, Segoviano y Díez están para ayudar, ya que fueron elegidos, sobre todo, por su fidelidad al sanchismo. A Sánchez le resulta indiferente que dentro de unos años sea declarada contraria al derecho comunitario, porque habrá cumplido el objetivo de garantizar su continuidad en La Moncloa. No hay nada que le pueda interesar o preocupar salvo la investigación a su familia por diversos delitos de tráfico de influencias o corrupción.
Una vez aprobada la amnistía quiere pasar el problema a los jueces y los fiscales. La batalla ante el Constitucional está perdida, porque es un árbitro que se ha vendido, en términos políticos, y ha perdido cualquier credibilidad. Conde-Pumpido y sus acólitas serán recompensadas, porque el sanchismo es muy agradecido con todos aquellos que muestran una fidelidad tan ciega. El caso europeo es más complejo y la fuerza del PP le quita margen para tapar las vergüenzas de la amnistía. Von der Leyen ha sido la marioneta de Sánchez, pero no creo que tenga margen de maniobra y esperemos que Feijóo y los juristas que le asesoran acierten en este tema. Es fundamental no caer en sus trampas, porque es su lío y de nadie más. El gran favor que se le podría hacer es pasarle el testigo a los jueces para que pueda decir que el problema de España es la judicatura. Lo mejor es que se levanten las medias cautelares y que Puigdemont regrese a Cataluña, ya que el desgaste para Sánchez será inmenso.
No soy juez, pero si lo fuera no me temblaría la mano a la hora de hacerlo. Es cierto que el fin de la norma es ilegítimo, su título es una mentira y que vulnera principios constitucionales y del derecho comunitario, pero la ley ha entrado en vigor. No hay que renunciar a seguir con los procedimientos e impedir que Sánchez maniobre en Europa, sino que se pospone la decisión hasta que se pronuncie la justicia europea. La responsabilidad de que Puigdemont se pasee por Cataluña sería Sánchez. Cada foto o declaración recordaría que compró la presidencia del Gobierno y que mintió, ya que aseguró que conseguiría detener al fugado y entregarlo al Tribunal Supremo. En cambio, si los jueces le hacen el trabajo se lavará las manos como si no fuera el responsable de tamaño despropósito. Todos los jueces tienen el derecho y el deber de acudir al TJUE, pero mientras tanto Llarena, uno de los magistrados más prestigiosos de nuestro país, tiene la oportunidad de levantar las medidas cautelares porque está obligado por culpa del esperpento sanchista.
No creo que nadie me supere en la dureza de mis críticas a la ley de amnistía, tanto en el fondo como en la forma. Lo mismo puedo decir sobre el brutal ataque que está sufriendo el Estado de Derecho y la separación de poderes. Con Puigdemont suelto por Cataluña y enfadado con Sánchez por el cúmulo de mentiras que ha dicho y los compromisos que ha incumplido, la legislatura está finiquitada. Los puentes entre los dos están rotos y la desconfianza es total. Por otra parte, las prejudiciales tardarán en resolverse entre un año y año y medio. En ese momento tendremos una respuesta clara y contundente, aunque el momento político será muy distinto e incluso es bastante probable que el sanchismo haya concluido de la forma abrupta con que comenzó. La amnistía solo le ha servido para ganar tiempo, pero fue un pacto de investidura y no de legislatura. Puigdemont no tiene ningún compromiso y lidera una fuerza de centro derecha muy alejada de las excentricidades intervencionistas y la deriva populista de Sánchez y su gobierno. La victoria pírrica de conseguir La Moncloa no ha sido más que posponer la agonía de intentar gobernar con un Congreso de los Diputados, aunque la izquierda política y mediática no se ha enterado, que es claramente de centro derecha.
Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)
