“Es el momento de reaccionar” de forma “serena, democrática y útil”. El Gobierno andaluz inicia los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de amnistía. El Consejo de Gobierno sostiene que la ley aprobada en el Congreso de los Diputados vulnera normas y principios constitucionales. “El Gobierno andaluz inicia los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que, a nuestro juicio, vulnera principios constitucionales. Damos el paso desde Andalucía para defender la igualdad entre españoles. Serenidad y democracia”, señaló el presidente Juanma Moreno en sus redes. El Gobierno andaluz denuncia la existencia de un acuerdo para “humillar al Estado y doblegar la Constitución, menospreciando también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces que juzgaron y condenaron a quienes actuaron contra la Carta Magna”.
El Consejo de Gobierno ha aprobado instar a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa a iniciar los trámites para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña aprobada en el Congreso de los Diputados la pasada semana. El Gobierno andaluz reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero recalca que dicha potestad está sujeta a límites, debiendo ejercerse de manera que no vulnere la Constitución Española ni suponga una reforma encubierta de la misma. En este sentido, considera que la ley aprobada por el Congreso de los Diputados vulnera normas y principios constitucionales. El Consejo de Gobierno considera que la Ley vulnera el principio de separación de poderes al existir una clara intromisión del Legislativo, que no se limita a desconocer las atribuciones de jueces y magistrados para hacer ejecutar lo juzgado, sino que alcanza a procedimientos judiciales vivos o incluso pendientes de incoación. Por otro lado, vulnera el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley al establecer arbitrariamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal unos españoles deberán responder mientras otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable. También vulnera, a juicio del Gobierno andaluz, el principio constitucional de seguridad jurídica, al definir un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad, al abrir un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos las leyes no se aplican.
El equipo de Juanma Moreno abordó la propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se insta a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa a iniciar las actuaciones necesarias para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El consejero del ramo, Antonio Sanz, señaló que hay que ser “contundentes y determinantes”. La Junta presentará su recurso motu proprio y no en coalición con otras comunidades precisamente para que tenga validez y alejarlo de una cuestión partidista. Se trata de un asunto que va más allá, consideran en el Gobierno andaluz, como demuestra el hecho de que comunidades gobernadas por el PSOE como Castilla La Mancha estén estudiando su propio recurso. Hay tres meses de plazos para formalizar el recurso pero hay que tener en cuenta que la Ley de Amnistía aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Junta considera que se trata de “una ley de cesión al independentismo” para “mantenerse en el poder”, por lo que ve claros “visos de inconstitucionalidad”. “La potestad legislativa no se puede hacer sin límites”, señaló Antonio Sanz. El límite está en la Constitución y no puede haber “una reforma encubierta de la misma”. “La ley vulnera normas y principios constitucionales”, abundo Sanz. El consejero de Presidencia recalcó que no puede haber “amnistía para personas concretas” ni “por terrorismo” y “malversación de caudales”. La Junta considera la norma “veneno para igualdad y para la seguridad jurídica”. Además, “vulnera el veto a la arbitrariedad de los poderes”, por lo que lo califico la norma como “veneno para la cohesión”.
La Junta considera que se vulneran cinco principios de la Constitución. En primer lugar, la separación de poderes, “un pilar del estado de derecho”. Sanz habló de una “intromisión del legislativo en el poder judicial”.
En segundo término, “la igualdad ante la ley”. El artículo 14 establece que no puede haber “arbitrariedad en los mismos hechos ilícitos y ámbito temporal”. “Unos tienen que responder y otros no”, indicó Sanz, aludiendo a “ciudadanos que delinquieron y fueron condenados pero el Congreso vota en contra del criterio de la justicia y el Estado pide perdón a esos ciudadanos”. La Junta apunta a un “ámbito de impunidad”, con “unos exonerados y otros ciudadanos por hechos idénticos a los que cae todo el peso de la ley”. “No se justifica adecuadamente esta diferencia de trato. Su única razón de ser es obtener votos para mantenerse en el poder”, denunció Antonio Sanz.
En tercer lugar, la Junta de Andalucía considera que se quiebra “la seguridad jurídica”, esto es, “la confianza de los ciudadanos en la justicia y en su previsibilidad”. “Sólo para algunos ciudadanos las leyes no se van a aplicar”, con una “cuestión subjetiva como la intención de los autores”.
En cuarto lugar, se vulneraría “la tutela judicial efectiva”, con “los poderes públicos perjudicados” por “la malversación de caudales”. “Se deja de percibir esos recursos”, indicó Sanz, que también apuntó a los “daños en personas o patrimonio, como con los agentes”. Se trata de “menoscabos que quedan impunes”.
En quinto lugar, la Junta apela a la “arbitrariedad de los poderes públicos”, con “una ley arbitraria cuya “finalidad es servir a intereses políticos”. Se busca “un beneficio a un partido para mantenerse en el poder. El presidente se ha puesto de acuerdo con grupos políticos y cambia leyes”, criticó Sanz.
El consejero de Presidencia denunció “una ley injusta e inconstitucional” y apuntó también al criterio de la Comisión de Venecia o el Consejo General del Poder Judicial. Se trata, en definitiva, de salvaguardar la Constitución y que “Andalucía tenga lo que le corresponde”.
La Junta de Andalucía defiende la reacción ante la aprobación de la Ley de Amnistía como
democrática, serena y útil, por lo que el Consejo de Gobierno ha autorizado al gabinete
jurídico de la Junta de Andalucía a interponer un recurso de inconstitucionalidad, para
lo que hay un plazo de tres meses.
