El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado este lunes al Gobierno de Javier Milei que elabore un plan para repartir en las próximas 72 horas las cinco toneladas de alimentos almacenadas en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y otro en Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. El magistrado ha remitido la petición al Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovello, una de las integrantes del Ejecutivo más próximas al presidente.
El reparto de los alimentos, adquiridos durante la Administración del expresidente Alberto Fernández, deberá de llevarse a cabo «en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas», recoge la sentencia.
En el escrito, el magistrado ha citado los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que sostienen que «el 57,4 por ciento de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32 por ciento padece inseguridad alimentaria, el 14 por ciento de forma severa».
Casanello, sin embargo, ha desestimado la petición de la fiscal Paloma Ochoa para que los alimentos sean entregados a todos los comedores inscritos en el registro. El juez ha considerado que «corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados».
El pronunciamiento de Casanello viene precedido de la denuncia presentada en febrero por parte del dirigente político Juan Grabois, que denunció la suspensión de la entrega de alimentos en los comedores comunitarios en todo el país en el marco del «Plan Nacional Argentina contra el Hambre». Las organizaciones sociales han salido a las calles desde la toma de posesión de Milei para reclamar el envío de alimentos a los comedores comunitarios que gestionan, desabastecidos desde diciembre del pasado año.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, reconoció la pasada semana en rueda de prensa la existencia de esos alimentos, pero justificó su almacenamiento haciendo alusión a «las auditorias que ha hecho la ministra Pettovello, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener».
Adorni aseguró entonces que los alimentos se iban a repartir, sin especificar cuándo ni cómo, aunque otras fuentes del Gobierno citadas por el diario La Nación afirmaban que ese stock de alimentos está reservado para situaciones de emergencia y de catástrofes, y que quieren acabar con la política de asistencia del Ejecutivo anterior.
En la rueda de prensa de este lunes, Adorni ha anunciado que el Gobierno apelará «obviamente» la sentencia de Casanello «porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública, y la Justicia no se puede entrometer en la política pública».
