A Uribe le juzgará la historia por una Presidencia eficaz en muchos sentidos que fue un parteaguas en la concepción de Colombia como país. Hay un consenso generalizado de que su plan de choque funcionó cuando predominaba la violencia. Han pasado 22 años desde que llegó al poder y se sigue hablando de él. Pero también por los falsos positivos ―el asesinato de 6.402 inocentes a manos de militares que recibían recompensas por dar de baja a falsos guerrilleros― y su oposición a un proceso de paz que en realidad podría haber hecho suyo y llevarse el mérito. Se le achaca además el auge del paramilitarismo, el fenómeno criminal más letal y despiadado del último cuarto de siglo, y fomentar la polarización en vez de llamar a la calma. Por momentos ha demostrado sentido de Estado, como cuando se sentó con Gustavo Petro para alcanzar una tregua que bajara los decibelios de una nación crispada, y otras se ha puesto al nivel de Andrés Pastrana, el más disparatado de los expresidentes vivos. En cualquier caso, nada de esto le turba ahora en vida, tiene asuntos más apremiantes. La Fiscalía no le acusa de las sombras que recorren su mandato, sino por sobornos a testigos y fraude procesal en un enmarañado caso digno de estudiar en las facultades de Derecho. La opinión general, entre quienes lo admiran y lo detestan, es que no supo retirarse a tiempo, la droga del poder lo condujo lentamente hasta este abismo.
