El real decreto que el 13 de junio del año pasado modificaba el método de cálculo y la contratación de la tarifa regulada de la electricidad -o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)- introdujo una novedad que afectaba de lleno a las pequeñas y medianas empresas, que hasta ahora habían tenido el derecho a contratar dicha tarifa regulada al igual que el resto de consumidores domésticos.