El Patronato de la Fundación Serla se ha reunido este lunes para exponer las nuevas modificaciones establecidas en la ley y se sometió a votación su aplicació. Los sindicatos CCOO y UGT votaron en contra de la adaptación de los estatutos, mientras que CEOE se abstuvo y los patronos de la Junta lo apoyaron.
Por ello, y ante la falta de unanimidad, dentro de tres meses se aplicarán los cambios para que no sea necesaria este consenso, sino solo la mayoría simple en las decisiones de esta entidad
La nueva normativa da un plazo de tres meses, desde su entrada en vigor, para que todas las fundaciones públicas de Castilla y León adapten sus estatutos, por lo que al votar en contra los sindicatos en su condición de patronos, se producirá en ese plazo de forma automática “evitando de este modo un nuevo bloqueo del Serla”.
Las mismas fuentes del departamento que dirige Mariano Veganzones constataron que la entrada en vigor de los cambios normativos incorpora la eliminación del régimen de acuerdos por unanimidad actual como criterio de adopción de las decisiones en las fundaciones de la Comunidad, lo que acabará con el bloqueo a las pretensiones la consejería.
En este sentido, trasladaron que esta modificación “permitirá el cambio de domicilio del Serla a los espacios cedidos gratuitamente por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y ahorrar hasta 110.000 euros a los ciudadanos”.
Además, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, como representante de la Junta, comunicó el requerimiento de reintegro de hasta 140.000 euros de las subvenciones que el Serla recibió en 2022.
“Este importe deberá ser devuelto por falta de justificación”, sentenciaron.
Sobre este asunto, UGT denuncia que el 15 de agosto se materializará el “secuestro político decisorio” de las fundaciones públicas, el que aprueban PP y Vox, que “aplican el rodillo político en las Cortes”.
El secretario autonómico de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social del sindicato, Raúl Santa Eufemia, asegura que esto será así por este cambio legislativo por el que las decisiones en los patronatos de las fundaciones no tendrán la necesidad de aprobar las decisiones por unanimidad al servir la mayoría simple.
