A Miquel Roca no le gusta que se lo recuerden; pero él, que en el big bang constituyente del 78 empezó a negociar en nombre de la entonces CiU y del PNV, se vio rápidamente apeado de la representación vasca porque los jeltzales querían el concierto propio y el cupo, y los nacionalistas catalanes no. No lo veían claro. Les dio vértigo asumir la responsabilidad de recaudar todos los impuestos (¿y si no salían los números?). Muchísimo se han acabado arrepintiendo. No necesariamente por las mejores razones.
A día de hoy, nadie puede negar que Cataluña está mal financiada y peor gestionada. Lo primero es culpa de todos los que no han (no hemos) conseguido ponernos de acuerdo para reformar y actualizar el régimen general. Lo segundo es culpa de los gestores concretos. Mientras la Generalitat dedique la parte del león de sus ingresos a fantasmales embajadas en el exterior que luego no sirven ni para repatriar los restos de personas asesinadas en Afganistán y en fantasmales políticas identitarias y de coerción lingüística, negligiendo Sanidad y Educación, no hay nada que hacer. Sería hasta cómico, de no ser por sus efectos dramáticos, que los mismos gobernantes que se quejan de que «España roba a Cataluña», luego sean los primeros a la cola del Fondo de Liquidez Autonómica y encima exijan (y consigan) que se les perdone el dinero a devolver. También tiene gracia ver a los herederos de los que combatieron a sangre y fuego la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) acusar de dumping fiscal a Isabel Díaz Ayuso por bajar en Madrid los impuestos que también se podrían bajar en Cataluña. Mientras se guardan mucho de admitir que el único dumping fiscal real que existe en España es el que practican vascos y navarros, los únicos con patente de corso para ir por libre como nadie más puede hacerlo. El argumento de que Madrid se beneficia de un plus de inversión estatal es tan infantil como acusar a los árbitros de favorecer al Real Madrid para que gane todas las Champions. Especialmente si tenemos en cuenta la actual relación «idílica» entre Sol y Moncloa.
La financiación autonómica no ya en Cataluña, sino en el conjunto de España, no se arreglará nunca mientras la prioridad no sea racionalizar, sino arrancar privilegios y sacar rédito político de ello. Por eso nadie o casi nadie se atreve a decir alto y claro que el régimen especial de vascos y navarros es una injusticia. Por mucho que la Constitución lo avalara en su momento, no por convicción de que fuera lo mejor, sino para blindar determinados consensos. ¿No es esa la gran crítica que hacen siempre los detractores del «régimen del 78»? Pues a ver si se aplican el cuento ellos mismos.
Un buen gobierno catalán, serio, dinámico, competente, no buscaría imitar eso sino liderar una reforma de la financiación buena para toda España, Cataluña incluida. Pero eso no da votos, sobre todo si llevas décadas engañando a la ciudadanía. Perdónenme el paralelismo, que a algunos les puede parecer extremo: esto es como cuando los presuntos defensores de la «causa palestina» hacen creer a los «civiles» –los mismos a los que Hamás y Hezbollah usan como escudos humanos…– que la solución a todos sus problemas pasa por anteponer la destrucción física del Estado de Israel «del río al mar» a la construcción de esos dos Estados que podrían existir desde 1948, de no tener el mundo árabe otras prioridades literalmente sangrantes.
Añadamos a eso la batalla campal desatada ahora mismo en Cataluña entre las distintas facciones y sectas del separatismo, el vicio irrefrenable de hundir el barco si con eso se ahoga algún capitán. Y un factor no menor de sobreactuación. ¿Alguien se ha fijado en que «singularidad financiera» es una expresión vacía que, si al final se ponen de acuerdo, servirá para dar por buena casi cualquier cosa? Entre una buena financiación para Cataluña que también beneficiara a toda España, y una financiación menos buena, pero que se pueda «vender» como «singular», los de siempre elegirán invariablemente esto último. Salvador Illa lo sabe. Por eso se apresuró a tomar la delantera ofreciéndose a desempolvar consejos tributarios propios y otras fórmulas que lo mismo van a valer para un barrido que para un fregado que para una investidura.
Aquí el drama de fondo es que parecen mejores catalanes los que son peores españoles, cuando cundiría mucho más lo contrario. Una vez más, todo nos lleva a la misma evidencia: la política nacional tiene que volver a ser eso, política nacional, con pactos de Estado de hierro sobre el bien común. A lo mejor los separatistas ya no suman mayoría en el Parlamento catalán porque sus propios votantes empiezan a darse cuenta. Sería bueno que los que no les votaron, también.
