Puede que el pasaporte digital que defiende el Gobierno para controlar y verificar el acceso a sitios web pornográficos sea una chapuza que no vaya a lograr su objetivo manifestado: a saber, evitar que los menores de edad accedan irrestrictamente a este tipo de páginas web. Por un lado, porque sólo se limitará el acceso a páginas web pornográficas alojadas en España; por otro, porque con un sistema de VPN puede burlarse cualquier restricción que se establezca al respecto. Por consiguiente, los menores podrán seguir consumiendo pornografía y lo único que se hará, en ese sentido, será complicarles la vida a los adultos consumidores de este material.
Sin embargo, que el objetivo manifestado esté condenado al fracaso no significa que el objetivo no manifestado, implícito y oculto a esta medida, también lo esté. Lo que de verdad pretende el Gobierno –y si no lo pretende, aquello que es verdaderamente relevante de esta medida– es que se abre el debate sobre los límites de la libertad en internet y sobre cómo el Gobierno está –o pretende estar– legitimado para imponerlos. Tales límites puede que hoy sólo afecten a páginas pornográficas radicadas en España, pero en el futuro bien podrían extenderse a otro tipo de sitios: por ejemplo, portales de información que el Gobierno califique arbitrariamente como de «desinformación».
Una vez aceptamos que el Gobierno está legitimado para dictarnos qué páginas web debemos ser libres de visitar sin autorización o supervisión estatal y qué páginas web no, socialmente nos convertidos en siervos del arbitrio del Estado, quien podrá marcar la frontera entre lo bueno y lo malo, entre lo visitable y lo no visitable, allí donde mejor le convenga en cada caso. Y el Gobierno de España está siendo pionero, dentro de Europa, en abrir estos tenebrosos debates que hasta ahora pensábamos que eran tan sólo propios de dictaduras represoras de su población. Pues no sólo –o sí también– porque ya lo tenemos aquí: los bárbaros censores a las puertas de Europa. El ministro Escrivá tendrá el dudoso honor de pasar a la historia, primero, por haberse cargado la sostenibilidad del sistema público de pensiones y, después, por haber abanderado el movimiento de legitimación ideológica de la censura política sobre internet.
Ojalá estemos a tiempo de pararlo y de enseñarles a nuestros gobernantes que no aceptamos que destruyan uno de los pocos ámbitos donde todavía se respetaba en gran medida nuestra libertad: internet.
