Amenaza directa y sin contemplaciones del Gobierno: “Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son una obligación legal consignada en la Ley de Cambio Climático y los Ayuntamientos que no la cumplan no recibirán ayudas económicas para el transporte público”. Esta es la advertencia lanzada ayer por el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, que ha avisado de que “ahora ha llegado el momento de cumplir la ley, o si no es así, desde luego no se pueden recibir ayudas cuando uno se declara desobediente de la ley del Gobierno de España”.
El Ministerio pretende que a partir de este año todas las ciudades de más de 50.000 habitantes que quieran acceder a las ayudas al transporte público deben tener una ZBE en funcionamiento, una obligación legal que está consignada en la Ley de Cambio Climático. “Los municipios afectados han tenido tiempo para hacer las tareas que tuvieran que hacer desde 2023”, advierte.
“Las leyes están para cumplirlas. Yo creo que los ayuntamientos han tenido tiempo, han dispuesto de ayudas por parte del Gobierno de España, más de 1.500 millones de euros, para actuaciones en entidades locales para acelerar la implantación de ZBE”, insistió Fernández Heredia.
El Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera y el de Transportes de Óscar Puente están definiendo cuáles son los criterios comunes que definan qué es una zona de bajas emisiones (ZBE) para determinar qué zonas son efectivas y cuáles no, es decir, qué zonas cumplen con los objetivos de reducir el tráfico y la contaminación. “No pueden existir ayudas al transporte público, precisamente para ciudades donde es una alternativa al uso del coche, al tiempo que no se están tomando las acciones para considerar y garantizar que la calidad del aire es la mejor para todos los ciudadanos”, insistió el secretario general.
Una ZBE es una zona delimitada por las administraciones públicas en la que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en base a las etiquetas de la DGT. Desde el 1 de enero de 2023, es obligatorio que tengan una municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite.
La Ley de Cambio Climático se publicó en el año 2021, por lo que las corporaciones municipales “han tenido tiempo para hacer las tareas que tuvieran que hacer”, teniendo en cuenta la disponibilidad de “más de 1.500 millones de euros” proporcionados por fondos europeos destinados a este tipo de actuaciones, recordó.
