Las imágenes de la fugaz comparecencia de Begoña Gómez ante el juez sí fueron grabadas finalmente, pese a la oposición de su abogado, que había pedido que solo se registrara el audio de esa declaración -que el instructor aplazó al día 19 a instancias de la defensa de la esposa del presidente del Gobierno-. Así lo acordó Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en una resolución que notificó a las partes poco antes de la hora fijada para la comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados.
En esa providencia, en la que el magistrado ordena que se graben tanto las imágenes como el sonido, Peinado minimiza los argumentos del abogado de la investigada, el exministro Antonio Camacho, que sustentó la necesidad de la medida en evitar posibles filtraciones ante la “relevancia pública” de la esposa del jefe del Ejecutivo.
“La investigada, no tiene la condición de autoridad, ni cargo alguno” que le exima de someterse, como cualquier ciudadano -argumentó el instructor- al artículo 14 de la Constitución Española, “que proclama el derecho a la igualdad, y que todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social” (esta última palabra figura en mayúsculas en la providencia).
El magistrado recuerda al letrado de Begoña Gómez en esa resolución que “el hecho de recoger con imagen y sonido las grabaciones no es una práctica que carezca de soporte legal, sino todo lo contrario”.
Según Peinado no había ningún motivo para “vulnerar el principio de inderogabilidad singular de las normas”, por lo que acordó que “la grabación de la diligencia de declaración de la investigada, deberá ser recogida en el correspondiente soporte de grabación, en las mismas condiciones que se viene realizando en cualquier procedimiento judicial, por lo que, deberá ser recogida, la imagen y sonido de la precitada diligencia”, como así sucedió.
El abogado de la esposa del presidente del Gobierno exponía en su petición al juez que la grabación únicamente del audio de la declaración “suele ser habitual en distintos juzgados para evitar un uso inadecuado de las imágenes” dado que -recordaba- como estas “son captadas a los solos efectos de la documentación de una diligencia judicial”, “no deben ser utilizadas para ser difundidas en medios de comunicación pública”.
Al margen de la negativa del juez, la decana de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla sí permitió a Begoña Gómez, como había solicitado Moncloa por razones de seguridad y para evitar posibles incidentes, que accediese a la sede judicial por la puerta del garaje, y no por el acceso principal, como el resto de ciudadanos. Según el acuerdo de la magistrada María Jesús del Barco, del informe remitido por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, se deducía “un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez” en caso de entrar al edificio por la puerta principal.
En un despliegue sin precedentes para una declaración judicial en Plaza de Castilla, la Policía dispuso más de veinte furgonetas de antidisturbios en los alrededores de los juzgados desde al menos una hora antes de la hora fijada para la declaración y los agentes acordonaron la zona impidiendo que los periodistas, como sucede habitualmente, realizaran su trabajo en la puerta de los juzgados (tuvieron que hacerlo tras las vallas en la mediana del paseo). Del mismo modo, las protestas de alrededor de medio centenar de personas se trasladaron al otro lado de la Castellana, junto al depósito del Canal de Isabel II,
